Luego del caso donde una menor de 14 años discapacitada, que fue violada y quedó embarazada en San Juan, y a la cual un grupo de médicos le practicó un aborto, se reavivó la discusión sobre los casos en los que se puede realizar una interrupción del embarazo. Por el hecho, los profesionales fueron denunciados ante la Justicia por un colega del mismo centro de salud, el Hospital Rawson de esa provincia.
La situación comenzó a raíz de la denuncia por violación de la joven ante en el Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (ANIVI) y en el Juzgado de Instrucción de segunda nominación. Por el abuso sexual de la chica, que padece un déficit mental, hay un hombre de 32 años detenido como sospechoso, propietario de la finca de la zona de Médano de Oro en la que trabajaba la familia de la joven.
Luego de la denuncia y, al confirmarse el embarazo de diez semanas, se dio cumplimiento al artículo 86 Inciso 2 del Código Penal y la interrupción se realizó en el Hospital Rawson de la capital provincial, mientras la menor era contenida por el Comité del Maltrato Infanto-Juvenil. Al efectuar la intervención, las autoridades provinciales conservaron las pruebas tendientes a determinar el responsable de la violación, además de cuidar los detalles para preservar la operación debido a la polémica suscitada en la provincia. El aborto se realizó en medio de serios incidentes ya que que grupos antiabortistas intentaron impedir el paso de la camilla en la que era trasladada la menor.
Él es Federico Bazan, medico y ella es abogada y se llama Paola Miers.
Ambos son parte de frentes antiderechos de San Juan.
Sobre ellos recaen denuncian por ingresar a la fuerza y sin permiso al Htal Rawson, a sus habitaciones, acceder a historias clinicas. pic.twitter.com/oXAgTMG21Z— Marce Ojeda (@Marcelitaojeda) August 27, 2018
Tras la tensión vivida en torno al caso, un médico del centro asistencial en el que se realizó el aborto denunció penalmente a sus colegas y a las autoridades que lo avalaron. La presentación legal recayó en el fiscal Daniel Galvani, e intenta avanzar amparándose en el hecho de que la provincia no adhirió al protocolo para abortos legales que contempla la Nación.
El abogado Roberto Castellanos, presidente de la ONG Pro-Vida, se refirió también al hecho: “Para mí es un homicidio agravado por el vínculo. No puede ser que en la República Argentina el lugar más inseguro para un argentino que todavía no nació haya sido un hospital público. En Argentina no existe el aborto legal, no hay supuestos de aborto permitidos por la ley; nadie puede ampararse en la interpretación de un Código de 1921 que ha sido derogado de facto por la reforma constitucional de 1994, que incorpora el derecho de la vida para todos los argentinos a través de la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2016 se reformó el Código Civil y se fijó en el art. 19 que el comienzo de la vida humana es a partir del momento de la concepción”.
