El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo en las comisiones de Tránsito y Transporte y de Planeamiento Urbano un despacho de mayoría y dos en minoría, proponen finalizar las concesiones y que el Poder Ejecutivo brinde el servicio público por sí y el archivo, respectivamente. Se involucran once predios.
Modificaciones y aclaraciones respecto a los alcances de la Ley N° 5.728 en relación a la concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado y la autorización del uso de once predios de la Ciudad de Buenos Aires como playas para la remisión de vehículos en infracción será el principal asunto que debatirá la sesión ordinaria de la Legislatura citada para mañana a las 11.
Las comisiones de Tránsito y Transporte que preside la diputada porteña Cristina García (VJ) y de Planeamiento Urbano que encabeza Victoria Roldán Méndez (VJ) recomendaron al Pleno un despacho de mayoría sobre el proyecto de ley presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que fue firmado por diputados oficialistas; y dos despachos en minoría, un proyecto alternativo planteado por Unidad Ciudadana y otro por parte de Gen.
“Obedeciendo al espíritu con el que fue sancionada la Ley N° 5.728 se resalta que las playas de remisión de vehículos en infracción son del dominio de la Ciudad. En tal sentido, la afectación de los predios por parte del GCABA es instrumental a la eficiente prestación del servicio público constituyendo una mera autorización a favor del concesionario para destino de los vehículos en infracción. Por lo tanto, los concesionarios no tendrán sobre los predios ningún tipo de derecho, privilegio o usufructo alguno y no podrán disponer de ellos ya que los mismos no forman parte de la concesión“, aclaran los fundamentos de mayoría.
Mediante el artículo 6° de éste proyecto se autoriza el uso como playa de estacionamiento de once predios con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos por la Ley N° 5.728 por un plazo máximo de cinco años.
Se afectaría un predio en Estación Parque Chacarita ubicado sobre la avenida Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery. Conesa: entre las calles Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo. Obelisco Sur: playa subterránea situada bajo la av. 9 de Julio, entre Perón y Mitre. Tacuarí: entre las calles Tacuarí, Cochabamba, Bernardo de Irigoyen, y av. San Juan. Quinquela Martín: la parcela entre Quinquela Martín, av. Herrera y av. Hornos. Couture: el sector delimitado entre Eduardo Couture y Facundo Quiroga. Dávila: parcela entre las calles Dávila, Zuviría, Thorne y av. Eva Perón. Cazadores-Artilleros: el sector delimitado entre Artilleros, Cazadores, Echeverria y Juramento. Pueyrredón: parcela entre Obispo San Alberto, Franco y Bolivia. Barragán: entre las calles Barragán, Bynon, Gallardo y av. Reservistas Argentinos. Rivadavia: el sector delimitado ent! re Ramón Falcon, White, Donizetti y av. Rivadavia.
Además, se prorroga la cláusula transitoria II de la norma ya que con motivo de los procesos judiciales caratulados “Desplats, Gustavo María c/GCABA por Amparo – otros” (Expediente N° A2248/2017-0) y “Martín, Fernanda Leonor c/GCBA s/amparo” (Expediente N° A10418/2014-0), el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a asumir el compromiso de no dictar ningún acto definitivo hasta que no exista sentencia firme en autos con el fin de permitir el avance del procedimiento licitatorio e impedir el otorgamiento de una medida cautelar. Según se argumentó “ello implica la imposibilidad de cumplir con lo dispuesto en la cláusula y adjudicar en el plazo allí previsto”. También se alude a que en el marco de la causa Desplats “mediante la sentencia dictada el 17 de Julio de 2017, el juez resolvió hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada! y suspendió por tres meses el plazo establecido en la aludida cláusula transitoria, en cuanto autoriza llevar adelante el proceso de selección del contratista para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado”.
El 19 de junio último se dictó sentencia definitiva en la cual se declara la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4 y 5 de la Ley N° 5.728 “en consecuencia, se estima conveniente prorrogar por seis meses el plazo”.
Por otra parte, el 20 de julio pasado se procedió a la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional en la que se presentaron cinco empresas. “Es importante remarcar que el presente proyecto al no alterar el espíritu de la Ley N° 5.728 y resultar meramente aclaratorio de los términos allí indicados, ya que no introduce cambios y/o modificaciones en las condiciones y los términos bajo las cuales los oferentes formularon su oferta, no afecta en modo alguno las propuestas elaboradas por los oferentes”, afirman los considerandos.
En tanto, Unidad Ciudadana a través de la diputada porteña Lorena Pokoik y su par Javier Andrade, planteó un proyecto de ley alternativo. Argumenta que “los poderes ejecutivos y legislativos han intentado y fracasado en terminar con una concesión vencida que mantiene como rehén al sistema de estacionamiento regulado y grúas y no resuelve los problemas de tránsito” y que “se han buscado distintas estrategias para lograr finalizar las concesiones y poner en funcionamiento un nuevo sistema de estacionamiento regulado, pero lo único que se ha logrado es que las concesiones continúen prestando un servicio deficiente y poniendo al Poder Ejecutivo como incumplidor de la leyes que le exigen prestar el servicio por si”.
La primera minoría propone que el Ejecutivo adopte “las medidas necesarias que garanticen la adecuada prestación del servicio público de regulación y control del estacionamiento garantizando niveles de servicio adecuados, procurando minimizar los conflictos originados en el estacionamiento indebido (…) siendo el Código de Tránsito y Transporte la normativa que lo regula y el cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte la autoridad de aplicación”. Y por otra parte propugna que “deberá finalizar las concesiones establecidas por el Decreto 4922/1990 y resoluciones y 691-MDEGC-MDUGC-08 y 717-MDEGC-MDUGC-08”, también “deberá brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral. Asimismo, deberá preverse los mecanismos necesarios para posibilit! ar que las personas que al 1º de enero del año 2016 se encontraban habilitadas por el GCABA, para la venta de las denominadas “Tarjetas azules” de estacionamiento y realizaban esa tarea con habitualidad, puedan acceder al sistema formal de trabajo del sistema de estacionamiento medido”.
El otro despacho de minoría firmado por el diputado porteño Sergio Abrevaya (Gen) impulsa el archivo del proyecto de ley. Entiende que “la modalidad de estacionamiento pago en espacios de estacionamiento medido es solo aplicable a las centralidades barriales y al micro y al macrocentro y no registra razonabilidad, en los barrios donde la demanda del estacionamiento transitorio es muy baja” y que la propuesta de mayoría “lejos de aclarar y /o remediar se insiste con los mismos postulados de la norma anterior en cuestión, solo modificando el procedimiento de doble lectura, asumiendo la veracidad y certeza de los términos de la inconstitucionalidad”.
Mañana jueves el tratamiento será en primera lectura, con discursos de 10 minutos por bloque parlamentario y de aprobarse deberá ser convocada una Audiencia Pública como paso anterior a la sanción.
En el temario acordado esta tarde durante la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria que coordinó el Vicepresidente primero, diputado Francisco Quintana (foto) se incluyó un despacho de la Comisión de Cultura que preside el diputado Omar Abboud (VJ) para que se aprueben en segunda lectura las denominaciones a las nuevas calles de la Villa Olímpica – Comuna 8. Se requieren 31 votos.
Como preferencia también con 10 minutos de discursos por bloques parlamentarios, se debatirá un despacho emitido por la Comisión de Vivienda presidida por la legisladora Lia Rueda (VJ) que propone modificar el artículo 13 de la Ley N° 3902, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Está relacionada con el plazo de vigencia de la operatoria de regularización dominial sobre conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur. S.E., pendientes de escrituración. Mediante el instrumento que otorgó esa norma se han alcanzado altos niveles de escrituración, generando un total de 7.104 unidades escrituradas desde su sanción. Sin embargo, los motivos que dieran origen a la sanción aún persisten, dado que a la fecha se e! ncuentran sin escriturar 8.731 viviendas.
El proyecto del oficialismo postula que “tendrá vigencia hasta la efectiva regularización dominial de la totalidad de las unidades funcionales”, en tanto en minoría un proyecto del bloque UC a través de los diputados Pokoik y Andrade, propone que “el plazo para cumplimentar la regularización se extenderá al 30 de diciembre de 2024”.
