Otra vez votaron un proyecto juntos. Eso fue lo que hicieron el bloque oficialista de Vamos Juntos y el opositor de Evolución en la sesión legislativa del jueves.
Mediante la Ley Nº 3.902 en el año 2011 se creó la operatoria de regularización dominial de los bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur. S.E., que estén pendientes de escrituración a la fecha de promulgación de la norma y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados.
Lo que aprobó el jueves la Legislatura modifica el artículo 13 donde se establece que el plazo para cumplimentar la operatoria no podría exceder los 720 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez, por idéntico plazo. Ese plazo se encuentra actualmente vencido y ante dicha circunstancia resulta imprescindible, a los efectos de continuar con los procesos de regularización dominial, cambiar la normativa.
“La operatoria creada en la presente ley tendrá vigencia hasta la efectiva regularización dominial de la totalidad de las unidades funcionales que se enmarquen en las situaciones descriptas en la misma”, sostiene el nuevo texto.
El proyecto impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se enmarca en lo establecido por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el cual reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado, instando a la administración a resolver progresivamente el déficit habitacional dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
A través del instrumento que otorgó la Ley N° 3.902 se han alcanzado altos niveles de escrituración generando un total de 7.104 unidades escrituradas desde su sanción. Sin embargo, los motivos que dieran origen a la sanción aún persisten, atento que a la fecha se encuentran sin escriturar 8.731 viviendas.
La iniciativa tuvo despacho de la Comisión de Vivienda que preside la diputada Lía Rueda (VJ), y un dictamen de minoría, firmado por los diputados Santiago Roberto (BP) y Paula Penacca (UC), que proponía determinar el plazo para cumplimentar la regularización al 30 de diciembre de 2024 en cumplimiento del Plan Integral de obras y mejoras.
Durante el debate en el recinto la diputada Rueda (VJ) como miembro informante, explicó los beneficios que con la ley se aportarán a habitantes de viviendas de cuatro orígenes diferentes. Luego, su par Omar Abboud defendió las inversiones realizadas desde el año 2007 y la importancia de brindar seguridad jurídica a 40.000 personas para que puedan vender en condiciones normales.
En tanto, Penacca (UC) defendió el dictamen de minoría en cuanto a establecer un plazo concreto y que “se hagan las inversiones necesarias dado que no se contempla que el Estado debe resolver las cuestiones de infraestructura que tienen muchos de estos complejos”; en el mismo sentido se expresó Roberto (BP). Su desacuerdo con la política de vivienda del GCABA expuso Gabriel Solano (FIT) quien argumentó que “el Estado se desentiende de la inversión así como de la urbanización de las villas”.
La votación en general aportó sobre 56 legisladores en sus bancas, 42 votos afirmativos (VJ, Evolución), 11 negativos (UC, Javier Andrade -BP-, PTS-FI, AyL, FIT) y 3 abstenciones (BP).