La reunión en el partido de Merlo fue en carácter de “urgencia” el viernes y se redactó un documento en el que se pide al Gobierno Nacional: que declare la emergencia alimentaria; que retrocedan las tarifas a los valores del año pasado y se las ajuste por índice de variación salarial; que se restablezca la ley de despidos, que implica una doble indemnización; que se asegure la cadena de provisión de medicamentos e insumos a hospitales municipales, provinciales y salas de atención primaria; y se ayude de manera inmediata a las pymes por el grave problema de deudas fiscales, tributarias y bancarias que pueden generar una ola masiva de despidos en todo el país.
Ese documento lleva la firma del Partido Justicialista bonaerense y fue producto de la reunión entre los dirigentes del peronismo y gremialistas que debatieron los problemas sociales y presupuestarios que están atravesando algunos municipios.
En el encuentro estuvieron el intendente de Merlo, Gustavo Menendez, y los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Grey, de Escobar, Ariel Sujarchuk, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Navarro, Santiago Maggiotti; y en representación de La Matanza, Fernando Espinoza.
Además participó el diputado nacional Felipe Solá y los líderes gremiales de Camioneros, Hugo Moyano, de Smata, Ricardo Pignanelli, del gremio de canillitas Omar Plaini, y el diputado y representante de la UOM Campana, Abel Furlan.
El texto completo del comunicado es el siguiente:
OTRO CAMINO ES POSIBLE, OTRO PAÍS ES POSIBLE
Aportes desde el Peronismo de la Provincia de Buenos Aires frente a la crisis provocada por el duro golpe que el mercado financiero le está propinando al Gobierno arrastrándolo a una terrible devaluación de nuestra moneda que puede llegar a provocar hiperinflación y desabastecimiento, y más sufrimiento para nuestro Pueblo Con la presencia del Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el Vicepresidente y jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes del movimiento obrero y consejeros partidarios, nos reunimos en la ciudad de Merlo el día 31 de agosto de 2018 y proponemos a los Gobiernos nacional y provincial que declaren la emergencia educativa, económica, ocupacional, social, alimentaria y de seguridad.
1- Emergencia alimentaria y sanitaria. Asegurar el acceso a los alimentos, los medicamentos e insumos hospitalarios de primera necesidad poniendo en marcha una red nacional de solidaridad en Emergencia, garantizando la participación de todos los niveles de gobierno e incluyendo a todos actores de la comunidad como Iglesias, sindicatos, clubes de barrio y organizaciones de la comunidad, entre otros.
2- Servicios públicos y combustibles. Retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1° de diciembre de 2017 de acuerdo con la ley 27.743 sancionada por el Congreso Nacional y vetada por el señor presidente Mauricio Macri mediante el decreto 499/18. En caso de ser estrictamente necesaria una actualización. La misma, debería realizarse según el índice de variación salarial.
Revisión y desdolarización de los precios de los combustibles.
3- Emergencia laboral. Crear un régimen especial tarifario para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y pequeños comercios, fundamentalmente para asegurar la actividad y el empleo. Reflotar la ley antidespidos vetada por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo de 2016.
4- Restitución del Fondo Federal Solidario. Restituir el Fondo Sojero que asiste a todos los municipios del país y permite paliar urgencias de la población.
5- Emergencia educativa. Frenar el desfinanciamiento de la educación pública y garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos en toda la Provincia de Buenos Aires.
6- Estado de Derecho. Solicitamos que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso, reclamando la vigencia plena del Estado de Derecho.
Declarar la emergencia en Seguridad y reforzar la inversión en materia de seguridad y prevención del delito acompañada de inversión en acciones inclusivas para nuestros jóvenes y población en general.