En la tarde de este lunes 26 de agosto, concurrieron a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Museos Históricos el empresario italiano Juan Scalesiani y el cuñadísimo Basilio Pertiné, para reunirse con la presidenta de la Comisión, Liliana Barela.
Ambos hombres de empresa intentaron convencer a Barela -posiblemente sin éxito- acerca de la inconveniencia de la prohibición que se abatió sobre la construcción de un gigantesco hotel en los terrenos del Palacio Duhau, adyacente a la Nunciatura Apostólica. El palacio de referencia fue declarado hace algo más de quince días como Monumento Histórico Nacional.
El procurador general, cuya opinión es la opinión de la Nación Argentina, le habría hecho saber al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, la oposición del Estado Nacional a la realización de la obra, habida cuenta de que lesiona las relaciones internacionales del país. El vocero de la posición del Estado Argentino habría sido el secretario general de la Presidencia de la Nación, Aníbal Fernández.
Según las fuentes, Ibarra envió la nota al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos López, que ya anteriormente se pronunció favorablemente a la realización de la obra, argumentando que no lesiona las relaciones internacionales de la Argentina.
De todos modos, al designar al Palacio Duhau como Monumento Histórico Nacional, el Estado Argentino favoreció a la empresa propietaria, ya que esta circunstancia significa la exención de todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales.
UNA HISTORIA CONFLICTIVA
Las circunstancias que rodearon al proyecto de instalar un centro internacional de modas en el Palacio Duhau y un hotel de 17 pisos en el mismo terreno, adyacente a la legación papal en la Argentina, nunca dejaron de merodear el conflicto.
El nuncio papal, Santos Abril y Castelló, se opuso firmemente al proyecto desde un primer momento y logró que 55 legaciones extranjeras firmaron un escrito en solidaridad con su posición.
El representante del Vaticano fundamentó su posición en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dictada en 1961 y ratificada por la Argentina en 1963. En el inciso 2, del artículo 22 dice que "El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad".
Por haber autorizado esta obra, el que entonces era secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, fue interpelado en la Legislatura porteña, en la que fue duramente vapuleado por los diputados opositores, en especial por Julio Crespo Campos (UCeDé).
Posteriormente, el titular del Grupo Exxel, Juan Navarro, acompañado por Scalesiani, se reunió con el vicepresidente de la Legislatura, Jorge Enríquez, para tratar de revertir una situación que se dirigía a la paralización de la obra. Esta gestión no tuvo el éxito esperado, por lo que finalmente Scalesiani se reunió con monseñor Abril y Castelló y decidió suspender la obra hasta que se resolviera el problema de la seguridad.
