“Más allá de que la OSBA esté en crisis no hay razón para que haya negligencia y mala administración”, aseguró esta tarde Eduardo Fachal, uno de los abogados que envió la Defensoría del Pueblo porteña a intervenir en el desalojo de la protesta que organizaciones y familiares de discapacitados realizaban en la Plaza de Mayo.
En la madrugada de hoy el Ministerio del Interior echó más leña al fuego y ordenó sorpresivamente a la Policía Federal desalojar la vigilia (ver nota) que decenas de discapacitados y sus familias realizaban desde ayer frente a la Casa Rosada; sólo pedían que el gobierno garantice los 160 millones de dólares que habia prometido al PAMI para paliar la crisis asistencial.
“Le dije a Ibarra que no es solo por el PAMI, ya que había gente de la obra social de la ciudad”, afirmó la defensora porteña Alicia Oliveira. En diálogo con Noticias Urbanas, Oliveira aseguró que esta situación fue comprobada por funcionarios de su Defensoría, quienes constataron que también estaban participando de la vigilia discapacitados que reciben prestaciones de la OSBA (Obra Social Buenos Aires – Ex IMOS).
La Defensoría actualmente investiga porqué el gobierno porteño “en relación a los pagos adeudados a la prestadora ‘Centro de Día – Espacio Feliz’, de la calle Roosvelt 5742”, según consta en un oficio remitido hoy por Alicia Oliveira al jefe de Gobierno, Anibal Ibarra. En dicho escrito, que también fue remitido al síndico de la OSBA, Ariel Puebla, la Defensora del Pueblo remite a una denuncia que da cuenta que el gobierno porteño adeuda cerca de “14 mil pesos, correspondientes a los meses de diciembre y enereo del 2000 y de marzo a noviembre de 2001”.
Pero esta no ha sido sólo la única denuncia recibida. Desde hace meses los abogados de la entidad vienen presentando recursos de amparo por cada uno de los casos relacionados con la suspensión de prestaciones sociales por parte de la Ciudad. “La OSBA nos ha dicho que no pagó prestaciones porque se declaró una emergencia económica en la obra social”, afirmó el abogado Eduardo Fachal. Sin embargo, y apesar de que la OSBA está intervenida por una comisión normalizadora, la Defensoría ha pedido a la Justicia que intervenga. Pero las prestaciones, según Fachal, no se cumplen “a pesar de que la OSBA está obligada a hacerlo”.
Fuentes del gobierno porteño reconocieron que la situación de la obra social es crítica, ya que arrastra del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS) una deuda que podría superar los 100 millones de dólares. “Hay enfermos de cáncer y Sida que tienen tratamientos muy largos. La obra social les cortó la prestación y esto no es producto de una crisis económica sino de mala administración”, afirmó Fachal.
“AGARRATE CON UNO DE TU TAMAÑO”
El violento desalojo que la Policía Federal realizó esta madrugada es ilegal, explicó a esta agencia la Defensora porteña Alicia Oliveira, ya que la única persona autorizada por la legislación de la Ciudad es la fiscalía contravencional. “Casualmente -dice Oliveira- la fiscal de turno verificó a las 22 horas que los manifestantes no estaban violando ninguna ley contravencional. O sea que el que dió la orden del desalojo está violando una decisión de la Justicia”, afirmó.
Oliveira entiende que no sólo se violó el legítimo derecho de protesta -amparado por la Constitución Nacional- sino también la autonomía de la Ciudad. A pesar de que el Ministro del Interior, Ramón Mestre, y el Jefe de Policía Federal, Rubén Santos, recibieron hoy de la Defensoría un oficio para que se “abstengan de realizar cualquier tipo de medidas coercitivas contra los discapacitados”, ni el Gobierno Nacional ni la Policía Federal hicieron caso de la requisitoria. Por este motivo, Oliveira exigió que se les devuelvan las camas y otros efectos secuestrados en la represión policial de anoche.
Gustavo Fernández, padre de un adolescente discapacitado que había permanecido en la plaza y fue testigo del sorpresivo operativo, contó que “alrededor de las 3,15 de la madrugada unos cincuenta policías de civil y otros tantos uniformados, a cargo del comisario Daniel Fernández, de la comisaría segunda, llegaron con un camión y sin dar ninguna intimación comenzaron a cargar las camas”.
Además, Fenandez informó que “dos de las mujeres que se encontraban con el grupo de padres se subieron al camión para impedir que se llevaran nuestras pertenencias y fueron bajadas a los empujones (…) sólo dejaron las 40 sillas de ruedas”.
