El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, vetó cuatro artículos -sobre un total de siete, uno de ellos de forma- de la Ley 749/02, que sancionó el 19 de febrero pasado la Legislatura porteña, por la que se limitaba los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura hasta el tope del propio Ibarra y de los diputados, que se fijaron un sueldo equivalente al 90 por ciento del que percibe éste.
En el comunicado que emitió el Gobierno porteño para difundir la medida se hace referencia a que el veto del Poder Ejecutivo fue "por exceder el mismo las atribuciones conferidas a ese Poder Legislativo". También se aludió en el comunicado a que los diputados habrían impedido "el libre tránsito en el microcentro a las ambulancias, servicios de transporte público, blindados, propietarios o locatarios de cocheras en esa zona", a la vez que "no otorgar una chapa patente identificatoria al vehículo del Presidente de la Nación o al personal diplomático extranjero que vive en la ciudad, siendo ésta una cuestión privativa del Estado Nacional por ser una cuestión de política exterior".
Sin embargo, el jefe de Gobierno vetó el artículo 2º, referido a la reducción salarial de los más altos funcionarios de la administración pública; el artículo 4º, que prohibía la contratación de servicios de telefonía celular y la adjudicación de vehículos oficiales para los directivos; el artículo 5º, por el que caducaban las chapas patentes oficiales y el artículo 6º, por el que se podían autorizar excepciones al artículo 4º. Todas estas decisiones -afirman los diputados- son perfectamente compatibles con las atribuciones del Poder Legislativo.
Sólo quedaron en pie -de acuerdo al veto- el artículo 1º, que fija los porcentajes que deben percibir los diputados y los funcionarios con respecto al sueldo testigo, que es el del jefe de Gobierno y el artículo 3º, que fija las remuneraciones para los funcionarios del Banco de la Ciudad, a las que asimila con las de los diputados. El artículo 7º es el de forma: "Comuníquese, archívese, etc".
En los corrillos políticos se mencionó durante toda la tarde de hoy que esta decisión del jefe de Gobierno fue tomada ante la presión de los miembros del Consejo de la Magistratura y de algunos funcionarios de los más diversos estamentos del Gobierno porteño, que -de perdurar la ley- perderán sus vehículos y sus teléfonos celulares, todos ellos sostenidos con el dinero de los contribuyentes.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura -por su parte- se consideran a sí mismos como miembros del Poder Judicial, por lo que sienten que sus salarios están protegidos por la "intangibilidad", al igual que los de los jueces del Poder Judicial. Pero, aseguran los diputados, los consejeros pertenecen al Poder Judicial pero no son jueces y, además el funcionamiento del Consejo está regido por una Ley Orgánica que votó la Legislatura, por lo que "el que puede lo más (dictar una Ley Orgánica), puede lo menos (fijar un salario)".
Muchos diputados cuestionaron además -fuera de los micrófonos de la prensa- la actitud de los consejeros, que se eximieron a sí mismos de pagar el Impuesto a las Ganancias, asimilándose a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la máxima jerarquía jurídica del estado de la Ciudad, que a su vez lo hicieron en consonancia con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los dirigentes porteños insisten en considerar que "todo el mundo" se recortó los salarios, menos -claro está- el Poder Judicial. Incluso algunos diputados manifestaron días pasados que los magistrados están evadiendo el pago de impuestos, en alusión a las polémicas excepciones al pago del Impuesto a las Ganancias con que se regalaron a sí mismos.
El futuro cercano de la Ley Nº 749/02 será el que marca el artículo 88 de la Constitución porteña, que reza que "El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su sanción o insistir en el proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros". Esto quiere decir que la mayoría exigida es de 40 votos.
Tanto los legisladores radicales como los peronistas aseguran que cuentan con los votos necesarios para la sanción definitiva de la ley, la cual -una vez producida- abrirá un conflicto de poderes, ya que es seguro que los integrantes del Consejo de la Magistratura -tres de los cuales son designados por la Legislatura y sobre ellos caería el recorte- llevarán su caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí en más, como todo conflicto de poderes, el futuro será imprevisible.
