Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que dejará su puesto el próximo 1° de octubre con un presupuesto judicial por más de $ 35.000 millones para 2019 y una dotación de más de 29.000 empleados.
Se calculó un total de $ 30.507.894.588 de fondos previstos inicialmente para el 2018. Pero luego de algunos ajustes extra, las erogaciones del ejercicio actual alcanzarán $ 32.381.566.6951. En tanto, para el primer año de gestión del nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el Poder judicial contará con $ 35.848.618.549 para su funcionamiento, un 17,50% más.
Con su partida, Lorenzetti deja una planta de personal del Poder Judicial con 24.311 cargos. Mientras que, se espera que en 2019 esa cantidad de empleados demandará gastos salariales por $ 32.379.636.989 como mínimo, sin los habituales ajustes por inflación que se suman a mitad de año.
Por el otro lado, para lo que resta del 2018 el Tribunal reclamó $ 8.280.536.422 para sus actividades, de los cuales unos de $ 6.000 millones se destinaron a personal, con 4.732 cargos. Para la misma cantidad de cupos laborales, pero para el año que viene, los magistrados pidieron $ 7.881.727.996. Del total de funcionarios judiciales unos 4.091 se solventan con “afectación directa” de la Corte, mientras que 641 se financian con fondos del Tesoro Nacional.
En 2008, el primer año de administración de Lorenzetti, la plantilla total era de 20.003 empleados. En ese entonces, la Corte poseía 1.954 trabajadores, unos 1.829 permanentes y otros 125 temporarios. En los últimos 11 años la cantidad de personal de la Corte aumentó 142%.
El nuevo plan de gastos de la Corte quedó establecido en la Acordada 28/18, firmada por los integrantes del máximo tribunal en paralelo a la sorpresiva designación de Rosenkrantz en lugar de Lorenzetti. El exabogado con perfil corporativista fue elegido por cuatro votos a uno.
Antes de irse, el supremo santafesino incluyó obras en ámbitos judiciales para su provincia -y su ciudad natal- por casi $ 435 millones para los próximos tres años. En el Inciso 4 “Construcciones” se destacan obras para la Cámara federal de Apelaciones de Rosario; el TOCF Rosario, el TOCF Santa Fe y los juzgados federales de Rafaela y Venado Tuerto. La obra más abultada es la Etapa I de la construcción del “nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal” sobre un lote de 20.000 m2 de la calle Canning, en la ciudad de Rosario, por $ 398 millones.