Las dudas y las negociaciones cruzadas arrasaron con la paciencia de los funcionarios, los diputados y los periodistas en este miércoles. Primero, todos esperaban que el jefe de Gobierno vetara la ley que aprobó la Legislatura el martes anterior, que limitó los salarios de los secretarios, subsecretarios y directivos de empresas con participación del estado, y que incluyó -ante una propuesta de los diputados Alicia Pierini (PJ) y Enrique Rodríguez (Forja 2001)- a los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Ya avanzada la tarde, comenzó repentinamente a cobrar cuerpo el rumor de que habría una ley correctiva, que les permitiría a los integrantes del Consejo de la Magistratura saltar el "corralito" salarial. Pero cuando ya todos pensaban que éste sería el punto final, el que le evitaría a Ibarra el paso incómodo de vetar una ley que es vista por casi todos los sectores porteños como necesaria, el intento murió allí.
Los radicales y los peronistas coincidieron inesperadamente -cada uno por su lado- en una cerrada negativa a cualquier intento de modificación de una ley que ellos mismos impulsaron, discutieron y aprobaron. A partir de la decisión de ambos bloques, al Frepaso se le haría cuesta ariba juntar el número necesario para aplicarle las modificaciones que reclaman desde la jefatura de Gobierno. De esa manera, Ibarra se encontró con un largo rechazo de la defensa contraria, que dejó la pelota nuevamente en su propio campo.
Ahora el jefe de Gobierno deberá optar entre resistir las presiones a las que lo someten los integrantes del Consejo de la Magistratura, que intentan por todos los medios asimilarse a todas las atribuciones que las que gozan los jueces -sin ser jueces-, o pagar él sólo todos los costos de su decisión, a sabiendas de que la Legislatura le disparará con la munición pesada de una nueva sanción de la ley -para la que necesitan contar con los dos tercios de total del cuerpo.
De insistir la Legislatura, el jefe de Gobierno no podrá vetar nuevamente ya que lo puede hacer por única vez. Allí entraría el tema de lleno en el plano jurídico, ya que seguramente desde el Consejo de la Magistratura saldrá hacia sus "primos" del Tribunal Superior un pedido de inconstitucionalidad de la ley planteada Pero eso es futurología.
