JRG son las iniciales de un socio del Jockey Club de Buenos Aires, de profesión escribano, que había intentado sin éxito incorporar a su mujer a esta institución en calidad de cónyuge, pese a que estaba unido civilmente y convivía con ella desde hace cuatro años. El rechazo de la solicitud por parte de las autoridades de esta institución motivó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por discriminación. Finalmente, tras ser intimados por este organismo porteño, las autoridades del Jockey Club conciliaron una solución con el demandante y permitieron la incorporación de su mujer, quien hasta ese momento era considerada una mera "invitada especial".
Uno de los argumentos que sobre los que se basó la resistencia inicial de las autoridades de la tradicional institución porteña era que la sede de Capital -sita en Alvear 1345- no tenía "las instalaciones necesarias para ser usadas por personas de sexo femenino", como sí ocurría en la sede que el Jockey Club posee en San Isidro.
También habían rechazado un acta de convivencia que el solicitante había presentado por error en lugar de su certificado de Unión Civil -esto fue luego subsanado por JRG- y habían considerado que la Defensoría del Pueblo no tenía competencia para inmiscuirse en el asunto, ya que el Jockey Club era "una asociación civil sujeta a las normas de la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia".
La respuesta de la Defensoría no tardó en llegar. Mediante una resolución, su titular, Alicia Pierini, reafirmó su competencia aduciendo que "el deber de garantizar los derechos de jerarquía constitucional" era "misión primordial" de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y que el "derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, sostenido en las Cartas Magnas nacional y porteña, así como en tratados internacionales a los que adhirió la República Argentina", estaba siendo lesionado por el Jockey Club.
Por ese motivo intimó al presidente de la entidad denunciada a incorporar a la señora del socio y a efectuar las reformas de las instalaciones que fueran necesarias para adecuarlas a la presencia de mujeres. También remitió las actuaciones al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para que tomara las medidas que juzgara correspondientes.
Luego de la conciliación entre las partes, JRG retiró la denuncia que había efectuado ante la Defensoría y comunicó a este organismo que las autoridades del Jockey Club se habían mostrado dispuestas a mejorar las instalaciones para las mujeres.
El caso del Jockey Club puso sobre el tapete prácticas discriminatorias que otras instituciones también estarían llevando a cabo. Una de ellas sería el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), sobre el cual la Defensoría tiene ahora puesta la mira. Ocurre que, tras enterarse del caso del Jockey Club, un grupo de socios de CUBA realizó una denuncia ante el organismo porteño, debido a que, según argumentan, el club no permitiría que las mujeres sean socias activas. Solamente podrían ser socias adherentes si son esposas legales, hijas o hermanas de los socios varones activos.
