Tras reunirse por la tarde, cinco de los siete miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura aprobaron presentar en la sesión del próximo jueves -la primera del 2002- un despacho conjunto para crear la "Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas de los Hechos Represivos ocurridos el 20 de diciembre de 2001".
Aunque al cierre de esta edición aún no se había garantizado que la sesión se lleve a cabo, los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos resolvieron aprobar el proyecto propuesto por la diputada Alicia Pierini y girarlo inmediatamente al recinto para ser tratado sobre tablas.
El dictámen recibió el voto favorable de los diputados del bloque justicialista, Alicia Pierini (autora del proyecto) y Víctor Santa María. También dieron su apoyo los aliancistas Roque Bellomo e Irma Gerch; y la humanista Lía Méndez. Si bien no recibió ningún voto en contra, el dictámen no fue por unanimidad debido a la ausencia del diputado de Acción por la República, Pablo Caulier, de quién se cree que permanece de vacaciones. Tampoco estuvo presente el legislador de la Alianza, Roy Cortina, quién se excusó por estar asistiendo a otra reunión.
Por otra parte, se conoció que varios legisladores aprovecharán la inciativa y presentarán pedidos al ejecutivo porteño para que informe sobre actuación del secretario de seguridad, Facundo Suárez Lastra, durante la salvaje represión.
Durante la reunión de esta tarde, los integrantes de la comisión parlamentaria mostraron preocupación debido a que en la causa que instruye la jueza federal Servini de Cubría, existen pocos querellantes en comparación a la cantidad de heridos y afectados directos por la actuación de la policía.
Sin embargo, los legisladores se comprometieron a promover públicamente el llamado para que los heridos del ‘jueves negro’ concurran a organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a fin de recibir asistencia jurídica gratuita.
Además, se recalcó la necesidad de hacer un llamado a la población para que los que fueron testigos de abusos graves de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de protesta que terminaron con el gobierno de Fernando De La Rúa, se presenten a declarar en la Legislatura y ante la Justicia Federal.