En noviembre, el presidente Mauricio Macri enfrentará el quinto paro general en contra de su gobierno, antes de cumplir tres años en la Casa Rosada. Al cierre de esta edición, la cúpula de la CGT discutía los detalles de la convocatoria, que es impulsada tanto por los sectores más combativos, que se alejaron de la conducción sindical en lo que va de este año, como por otros gremios con historial dialoguista, pero apremiados por la situación social y la falta de un canal de negociación abierto con funcionarios de primera línea.
Curiosamente -o no tanto-, el creciente grado de fragmentación del movimiento obrero -que vio en los últimos meses cómo se desgajaba la más importante central, con la renuncia de notorios dirigentes y sectores a su mesa de conducción- tiene como correlato un llamativo nivel de coincidencia entre esos sectores a la hora de plantear medidas de fuerza políticas. Inclusive el sector dialoguista de los llamados “gordos” e “independientes” acepta la necesidad de plantarse contra el oficialismo.
La reciente inclusión del triunviro Héctor Daer en la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista, de la que ya participaban Hugo Moyano y el metalmecánico Ricardo Pignanelli, terminó de definir el carácter combativo que tomará el cegetismo en los meses que vienen, preámbulo de la campaña presidencial de 2019. Si en algo coinciden todas las ramas del espacio sindical es en la pretensión de incluir a unos cuantos de sus cuadros en lugares expectantes de las listas a legisladores, nacionales y locales, del o los frentes opositores que se conformen de cara a los comicios. Para eso, necesitan ganar protagonismo en un escenario en ebullición, en el que también crecen los movimientos sociales y los dirigentes políticos con anclaje territorial en los que un puñado de votos hacen valer su posición.
El bloque sindical se desliza hacia la oposición y el gobierno no hace nada para evitarlo. Después de la huelga del 25 septiembre y hasta esta semana, ningún funcionario de primera línea les abrió una puerta. El degradado exministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya perdió toda autoridad para contener a quienes fueron durante casi tres años, sus interlocutores y hoy ya casi ni le atienden el teléfono. Está, además, a un solo escándalo de su renuncia. Tuvo un año para el olvido y es posible que lo termine desocupado. Dante Sica, ministro a cargo de ese área, quiso iniciar un acercamiento, pero por ahora su rol se limita a encauzar los reclamos paritarios y algunos conflictos puntuales. Nada de hacer política.
Hubo una orden en ese sentido; es del parecer del círculo más cercano al Presidente que una pelea sin cuartel contra el movimiento obrero organizado puede redundar en un beneficio electoral para el oficialismo. No negociamos con gremialistas, podría ser la consigna, con ánimo de parafrasear. Suena tremenda, pero no es una comparación exagerada, a juzgar por el tono del relato oficial sobre la represión en los alrededores del Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2019. Allí, se comparó a la protesta con “una insurrección contra las instituciones de la Constitución”, en palabras de una tradicional pluma de la derecha conservadora.
Esa tarde de violencia en el centro porteño, la CGT no aportó sus columnas a la movilización, como sí hicieron las dos CTA y los sectores que responden a Sergio Palazzo y a Pablo Moyano, ahora bajo el paraguas del Frente Sindical por un Modelo Nacional, con auspicio vaticano. Sin embargo la retórica de los funcionarios y comunicadores afines al macrismo no hacen trazo fino a la hora de apuntar contra el movimiento obrero organizado. Además de la falta de diálogo, la deriva económica y sus consecuencias sobre el empleo y el poder adquisitivo pegan ahora de lleno en los trabajadores registrados, sin discriminar entre los afiliados a los gremios dialoguistas o a los combativos.
El día a día empuja hacia la oposición hasta a los sindicalistas más amigables. Probablemente el 14 de noviembre haya más banderas de la CGT reclamando al Senado que rechace el Presupuesto 2019. Antes de fin de mes se realizará una nueva manifestación masiva contra el gobierno, que coincidirá con el quinto paro general contra el gobierno de Macri. Será en la misma semana que comience la cumbre del G20 en Buenos Aires, con los mandatarios más poderosos del mundo a punto de aterrizar en la ciudad. Un cóctel explosivo.
Durante las charlas para negociar el nuevo acuerdo y el programa económico, el FMI le sugirió al gobierno abrir una línea de diálogo con algunos sectores sindicales de buena predisposición, de forma tal de tener una vía de escape institucional para las tensiones que surgirán inevitablemente de la aplicación de las recetas entre ellos acordadas. En el mismo sentido, le reclamaron un mismo cambio de dirección María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, aunque por ahora Macri sigue a rajatablas el camino que le trazan Marcos Peña y Jaime Durán Barba.
Policializar la protesta en un año con una fuerte contracción económica y una extrema distribución de riquezas de abajo hacia arriba, implica grandes riesgos que el Presidente parece dispuesto a tomar. Que la relación con los movimientos sindicales quede en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remite a otras épocas y tampoco ayuda a ablandar la buena voluntad de sus interlocutores. Queda por verse si la estrategia da buenos frutos, lo que se verá más temprano que tarde. La sesión por el Presupuesto en el Senado y las protestas simultáneas a la cumbre de mandatarios pondrán a prueba la capacidad disuasiva de las Fuerzas de Seguridad. Y, por si fuera poco, después llega diciembre…
