De repente, lo que parecía sólo un trámite legislativo rutinario, casi aburrido, se convirtió en una polémica de imprevisible final. Hasta el martes último, cuando los diputados porteños aprobaron por unanimidad una ley en la que fijaron un límite para los salarios de los funcionarios de la Ciudad, todo venía sobre ruedas. Todos coincidían en la necesidad de hacer el "ajuste de la política", aunque sin prever lo que vendría a continuación.
Lo que vino a continuación fue la rebelión de los funcionarios de los entes descentralizados, a los que de repente se obligaba -por la ley recién votada- a cobrar un salario máximo no mayor al del jefe de Gobierno, que gana "solamente" 6.900 pesos. Acostumbrados a habitar en un Olimpo de salarios mayores a los diez mil pesos, arremetieron contra Aníbal Ibarra, que de pronto se vio rodeado por un coro de quejosos directivos de empresas, temerosos de resignar una importante masa salarial en manos de los representantes del pueblo.
Presionado por sus funcionarios, Ibarra se apresuró a cuestionar la medida tomada por los legisladores, en tanto que en su entorno comenzaba a tomar cuerpo la idea de vetar la norma. En declaraciones efectuadas en un matutino porteño, el jefe de Gobierno fijó su posición: "La Legislatura porteña no puede fijar todos los sueldos de los organismos descentralizados, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. De esa manera, yo podría decretar el sueldo del secretario administrativo de la Legislatura".
Alicia Pierini (Bloque Justicialista) cuestionó las declaraciones de Ibarra, aclarando que "el Consejo de la Magistratura está integrado por tres estamentos, el estamento político, el Colegio de Abogados y el estamento judicial, que es el único de los tres que aún no designó a sus representantes. Los tres miembros del estamento político fueron designados por la Legislatura y no son -por lo tanto- jueces. No les corresponde la intangibilidad salarial y no les corresponde la excepción de pagar el impuesto a las ganancias, a la cual se acogieron".
El diputado Enrique Rodríguez (FORJA 2001) fue filoso en su respuesta. "Aníbal Ibarra debería leer mejor las leyes que votamos -contestó-. Si nosotros -que no tocamos los salarios de los funcionarios judiciales- podemos lo más, podemos lo menos. Si creamos los organismos descentralizados, como el Ente de Control de los Servicios Públicos, la Corporación del Sur, AUSA y hasta el Banco Ciudad -hace años-, y también podríamos disolverlos, ¿porqué no podríamos fijarles un salario máximo a sus autoridades?".
Por su parte, la diputada Sandra Dosch (FREPASO), cuestionó en especial a los miembros del Poder Judicial. "Nosotros, los diputados, no podemos fijar los salarios del Poder Judicial, pero ellos mismos podrían reducírselos y yo pienso que deberían hacerlo, porque, si bien Ibarra cobra un sueldo similar a del presidente del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del citado tribunal duplican su salario, que llega hasta los 12.500 pesos, con los adicionales, que incluyen un 20 por ciento de su salario, que se les otorgó como incentivo para la transferencia de los jueces nacionales a la órbita de la Ciudad y un 2,5 por ciento por cada año de ejercicio de la profesión, desde su inscripción en la matrícula".
Rodríguez también cuestionó la decisión de los miembros del Tribunal Superior de evadir el pago del Impuesto a las Ganancias. "Estoy estudiando un Proyecto de Ley para impedir que los jueces dejen de pagar el impuesto. Los integrantes del Tribunal Superior son juristas honestos y reconocidos. Deberían volver sobre sus pasos y recapacitar, porque ellos adhirieron a una resolución de su "odiada" Corte Suprema de Justicia de la Nación", ironizó.
"Los diputados pagamos todos los impuestos, pagamos nuestros automóviles y ni siquiera tenemos chapas especiales -agregó Rodríguez-. Si Aníbal Ibarra vetase esta ley, yo insistiré con la reducción salarial que los diputados ya efectuamos sobre nuestros salarios, así no hay cambios en este terreno".
De todos modos, más allá de los recortes salariales que votó la Legislatura, la diputada Dosch insiste: "me parece que la ley sancionada es el primer paso en el ajuste del gasto político, pero en la discusión del presupuesto el análisis debe continuar. De quedarnos sólo con la ley que votamos, ésta sería sólo un maquillaje. Hay que seguir adelante", manifestó.
Los legisladores no logran explicarse las razones de la ofensiva contra la ley. "Nosotros no tocamos los salarios judiciales y nos acusan de ello. Nos dicen que no podemos fijar topes salariales a los directivos de los entes descentralizados, cuando en realidad está claro que podemos hacerlo. Ibarra dice que nosotros no podemos fijarle su salario, cuando él sabe perfectamente que su sueldo está fijado por la Constitución porteña y nosotros no modificamos eso. También nos acusaron de que nosotros nos aumentamos los salarios, cuando en realidad los hemos disminuido en un pequeño porcentaje. Ahora se está hablando de la posibilidad de que Ibarra vete la ley. ¿Quién está detrás de ésto?".
