Con el voto afirmativo del oficialismo, el Bloque Peronista, el Partido Socialista y el Gen, la Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves en primera instancia el proyecto oficial de urbanización en 34 hectáreas del barrio de Mataderos (Comuna 9), donde hoy funciona el Mercado de Hacienda, que será mudado a la jurisdicción bonaerense de Cañuelas.
“Si aspiramos a construir una ciudad cada vez más integrada y equilibrada tanto en términos urbanísticos como sociales, debemos seguir dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar la zona sur”, sostuvo el jefe de la bancada Vamos Juntos, Agustín Forchieri, después de explicar los ejes centrales de la iniciativa.
“Completar el tejido urbano hoy interrumpido por un equipamiento de grandes dimensiones que actúa como barrera urbana; modificar usos para favorecer la vida urbana; propiciar la instalación de equipamiento institucional, para seguir acercando el estado a la gente y en especial, a quienes más lo necesitan; adoptar de norma a los establecimientos educativos existentes y permitir la instalación de nuevos establecimientos; proteger la identidad del barrio ligada a lo rural; potenciar el atractivo turístico que tiene la zona, generando un polo de esparcimiento y disfrute para vecinos y visitantes con impacto positivo en la economía”, todos esos fueron los principales fundamentos explicitados por Forchieri y Daniel del Sol (VJ)
A su vez, el bloque peronista que conduce María Rosa Muiños, el socialismo de Roy Cortina y el Gen de Sergio Abrevaya, celebraron los acuerdos logrados con Vamos Juntos que permitieron “mejorar” el proyecto original, incorporándole un sentido social y educativo, con beneficios para los actuales residentes en el barrio.
Aún con los cambios, Unidad Ciudadana votó en contra y su posición fue explicitada por el legislador Javier Andrade, ya que hubo artículos referidos a viviendas sociales y establecimientos educativos, que fueron votados favorablemente en el tratamiento en particular. Los bloques de izquierda, en tanto, votaron absolutamente por la negativa, en general y particular.
El plan para revitalizar un barrio histórico
La ley en tratamiento deberá pasar ahora por el requisito constitucional de Audiencia Pública, tras lo cual será sometida a una segunda votación para ser sancionada.
El primer artículo habla de “desarrollo e integración urbana” de un polígono delimitado por las calles Rodó, Lisandro de la Torre, Eva Perón y Murguiondo, que representa unas 40 hectáreas o manzanas.
Allí se prevé la urbanización, creación de espacios públicos con un parque temático, lugares de entretenimiento, locales gastronómicos, establecimientos educativos y espacios culturales referidos a lo rural. De todas las tierras que hoy son del Estado Nacional, la Ciudad recibirá a título gratuito la transferencia de al menos 65 por ciento para utilidad pública.
Las obras tienen en cuenta la localización del arroyo Cildañez, a fin de planificar infraestructura hidráulica que prevenga inundaciones o ascensos de napas freáticas, así como correcciones al curso de agua natural.
Un mínimo 10 por ciento de las unidades habitacionales que se construyan en el tercio de los terrenos que venderá el Estado Nacional para la construcción inmobiliaria, deberá ser cedido gratuitamente al Instituto de Vivienda de la Ciudad para destinarse a vivienda social accesible para los vecinos de Mataderos con más de 5 años de residencia en el barrio.
El suelo que estará sujeto a concesión para obras, no podrá superar el 20 % del predio delimitado por Directorio, Murguiondo, De la Torre y Eva Perón. Deberá destinarse una superficie para una escuela secundaria, una infantil de jornada extendida y se gestionará ante la Universidad de Buenos Aires, para instalar una sede del Ciclo Básico Común universitario.
La ley aprobada contempla también la resolución del problema habitacional que afrontarán las 23 familias asentadas en edificios administrativos de un antiguo matadero.
La nueva urbanización se dividir{a en una zona de equipamiento educativo, con una superficie edificable de 20.000 m2 (40% de suelo ocupado y 60% libre); una zona de equipamiento institucional de 60.000 m2, (80 % de edificios); una zona de equipamiento recreativo, donde se debe garantizar un 50 % de espacio verde absorbente con 70.000 m2 de área verde y parquización de uso público irrestricto.