Aunque se comenzó a implementar en política en los Estados Unidos, unos cien años más tarde, el término pato rengo (del inglés lame duck) tuvo su origen en la Bolsa de Londres a mediados del siglo dieciocho. En los círculos financieros de la época se calificaba a los inversores según su capacidad crediticia: los patos rengos eran aquellos que no podían cumplir con los compromisos adquiridos. Era una forma coloquial de llamar a los operadores en default.
Ahora se le dice así a los funcionarios próximos a finalizar su mandato que ven cómo las redes que tejieron comienzan a fallar; su influencia y autoridad entra en una fase menguante y los mecanismos con los que hacía funcionar la maquinaria política empiezan a ser sensibles a otros intereses. En general se considera pato rengo a un presidente durante el período que transcurre entre la elección del sucesor y la fecha del traspaso de mando, pero en algunos casos el escenario puede adelantarse varios meses, especialmente cuando se anticipa el final de un ciclo político.
Esta semana, el Fondo Monetario Internacional, principal garante de la gobernabilidad, solicitó una reunión con el precandidato presidencial opositor Sergio Massa. Lo confirmó él mismo en una entrevista en la que dejó abierta la puerta a un gran acuerdo electoral para 2019, que incluya a Cristina Fernández de Kirchner. Los emisarios del organismo que rescató las finanzas argentinas con un préstamo histórico necesitan asegurarse que quien ocupe la Casa Rosada desde finales del año próximo cumpla con los compromisos asumidos por el gobierno de Mauricio Macri. El Presidente, durante las negociaciones, le había prometido a Christine Lagarde, titular del Fondo, una reelección segura gracias al respaldo de los más de cincuenta mil millones de dólares que se comprometió a enviar Washington. Hoy, no está en condiciones de garantizar su continuidad, de la misma manera que tampoco puede garantizar el buen uso de esos fondos: desde la firma del segundo acuerdo ya se fugó un 20 por ciento de los capitales que ingresaron.
La aparente calma de la economía es tan frágil como un castillo de naipes: cualquier situación de stress puede derribarla. Esta semana, también, se publicó la agenda judicial de la Corte Suprema hasta fin de año, que incluye varios temas sensibles para la víscera más sensible de este gobierno.
Todos los ojos estarán puestos en la sentencia del Caso Blanco, que definirá el cálculo para actualizar haberes jubilatorios en más de cien mil reclamos que se judicializaron. Un revés para el gobierno implicaría una erogación multimillonaria (se calcula que entre 15 mil y 18 mil millones de pesos por año) que pondría en riesgo el llamado déficit cero que con tanto trabajo el gobierno aprobó esta semana en el Presupuesto 2019. Las repercusiones económicas ante esa noticia podrían disparar una vez más la desconfianza en la solvencia del Estado argentino. La rebaja en la calificación de riesgo de la deuda que hizo en estos días Standard & Poor’s anticipa mayores dificultades en este sentido.
El resultado de esa sentencia todavía está en duda. Aunque el gobierno pensaba que con la promoción de Carlos Rosenkrantz a la presidencia del máximo Tribunal podría asegurarse una mayoría que le diera una mayor seguridad que la que ofrecía el imprevisible Ricardo Lorenzetti, el tiro le salió por la culata. El santafesino, junto a Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, conformaron un nuevo polo de poder con la capacidad política y aritmética de desmantelar los planes del flamante titular de la Corte Suprema, es decir, de Macri. Así lo hicieron notar con el faltazo al almuerzo que en Casa Rosada la semana pasada y en el fallo a favor de La Pampa en su reclamo por fondos coparticipables. Aunque la rosca seguirá hasta último momento, los tres votarían en bloque para fallar a favor de Blanco. También votarán juntos el fallo que revertirá la jurisprudencia respecto a la aplicación del beneficio de dos por uno para los condenados por delitos de lesa humanidad. Ante este panorama, en el gobierno hay quienes piden la cabeza del ministro de Justicia, Germán Garavano, por haber impulsado el desplazamiento de Lorenzetti.
El escenario legislativo no es mejor para el oficialismo. La aprobación, pírrica, del Presupuesto, podría ser lo último que celebre Cambiemos en el Congreso. La estrategia parlamentaria que le dio gobernabilidad e iniciativa durante los primeros dos años de mandato se deshilachó por discrepancias internas y por el endurecimiento de algunos sectores de la oposición. La salida en diferido del presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, más hablada que ‘Doce hombres en pugna’, corona ese fracaso. La rebelión en el bloque de Miguel Ángel Pichetto en el Senado preanuncia, asimismo, reacomodamientos opositores de cara a las elecciones de 2019. Con sus principales operadores en ambas cámaras funcionando a media máquina, al gobierno se le hará cada vez más difícil pasar proyectos que no tengan un nivel de consenso importante. Este año se aprobaron solamente 33 leyes hasta ahora. Es, por mucho, el número más bajo desde el regreso de la democracia, 24 leyes menos que las 57 de 1987, que hasta hoy tenía el récord. Muchos especulan con que esta vez la plusmarca solamente durará un diciembre.
Mientras tanto, en el primer piso de la Casa Rosada ya planifican la campaña, una responsabilidad que volvió a recaer sobre las espaldas de Marcos Peña, luego de que el jefe de Gabinete sufriera un discreto “coup d’État” interno que lo relevó de otras tareas, como por ejemplo gobernar. El trabajo de Peña y del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba ya se nota en los spots “de gestión” que rotan en todos los canales de tevé y en los discursos de funcionarios y dirigentes de Cambiemos entrevistados en esos mismos canales. Las inclemencias del tiempo impidieron este fin de semana en muchos puntos del país el timbreo que iba a contar con la participación de Macri y María Eugenia Vidal. La gobernadora, evidentemente, no extraña la época en la que se calzaba las botas de lluvia para recorrer el conurbano. En donde sí se pudo timbrear, la UCR aprovechó para mostrarse. Los correligionarios salieron a recorrer Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe, cuatro provincias clave en la estrategia electoral del oficialismo para el año que viene. Aunque aún no lo digan, ya están pensando en las PASO del año que viene.
