Luego de que el juez federal Gustavo Lleral estableció en un falló que Santiago Maldonado murió ahogado y no fue víctima de una desaparición forzada, ahora la familia del joven dejará de recibir ayuda monetaria por parte del Ministerio de Justicia de la Nación.
La cartera que dirige Germán Garavano había incluido a los familiares de Maldonado dentro de un programa que estipula la ley de Derechos y Garantías a las Víctimas de Delito, ya que, durante la investigación, los familiares del artesano indicaban que el Estado había sido el causante de la desaparición forzada de Santiago por parte de agentes de seguridad.
A lo largo de un año y tres meses, los Maldonado recibieron 1,5 millones de pesos. El dinero fue utilizado en viáticos, compra de tickets de avión y alojamiento en hoteles en Buenos Aires y Esquel.
“La familia no recibía un monto fijo sino que ellos nos iban informando de los gastos que tenían previstos. Por ejemplo, si necesitaban un pasaje de avión nosotros se lo comprábamos, si necesitaban dinero para viáticos se les transfería un monto”, explicó Juan José Benítez, Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia.
“En este tiempo se le ha dado un sólido cumplimiento a la ley de Víctimas. Entendemos que hasta aquí llegamos”, agregó Benítez.
Para el juez Lleral no hubo delito involucrado en las circunstancias que rodearon a la muerte de Maldonado. En un extenso fallo que presentó el pasado 29 de noviembre, el magistrado narró de manera minuciosa los segundos finales del joven que ocurrió sin la participación de terceros. En su escrito también fundamentó porqué resultaba innecesario insistir con nuevas pericias.
“Corresponde descartar por completo la hipótesis criminal acerca de la presunta desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado”, dice Lleral en el fallo.
“Es que resultaría abiertamente ocioso y estéril disponer la realización de diligencias a priori incapaces de conmover la arquitectura probatoria construida con los categóricos y copiosos elementos ya reunidos.
Asimismo, ello prolongaría inconstitucional y de modo no convencional la duración de un proceso judicial que se encuentra cierta e irreversiblemente definido por la vehemencia de los hechos acreditados”, agrega.
La familia apeló el fallo de Lleral ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, comunicó este miércoles la abogada defensora Verónica Heredia.