La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Laura Marrone, criticó fuertemente la aprobación de los Códigos Urbanísticos y de Edificación, que fueron sancionados el jueves pasado en la Legislatura.
“En la Audiencia pública realizada en el mes de octubre señalé, desde Izquierda Socialista en el FIT, que nuestra bancada rechazaba ambos proyectos del Ejecutivo. Dijimos en esa oportunidad que el proyectado Código Urbanístico no lo era en absoluto dado que no proponía un plan urbano para una vida saludable de los habitantes de la Ciudad. Lejos de ese fin, está redactado para favorecer los intereses de los especuladores inmobiliarios y negociados capitalistas, constituyendo en realidad un verdadero asalto al Derecho a la Ciudad que poseen sus habitantes”, aseguró la legisladora porteña.
“El nuevo código permite la rezonificación de gran parte de los terrenos públicos de la Ciudad. Algunos de los cuales están reservados para futuras urbanizaciones o parques. En otros, funcionan actualmente plazas, escuelas y hospitales. Todos ellos podrán ser destinados en el futuro a la especulación inmobiliaria. Se desregulan, además, las normas existentes para la construcción de edificios. Éstas, entre otras cosas, establecen la relación obligatoria que debe haber entre la altura de los mismos y el terreno que queda sin construir para así garantizar espacios para ventilación y luz”, afirmó.
En paralelo, Laura Marrone indicó que “la Ciudad tiene desde 1947 unos 2.890.000 habitantes. Según las proyecciones demográficas, en 10 años no superaría los 3.200.000 habitantes. Sin embargo, el código prevé la construcción de viviendas para 6 millones de habitantes, lo que favorecería -piensan en el Gobierno- la instalación de los casi 3 millones de personas de la provincia de Buenos Aires que cada día cruzan la General Paz para trabajar. Pero esta reforma no va acompañada con un plan de construcción de viviendas populares, ni brindar mejor calidad de vida para estos trabajadores, sino hacer negocios con ventas o alquileres. Dado el carácter de megalópolis de la Ciudad y su conurbano, debió comenzarse por diseñar un plan urbanístico para toda del área metropolitana, AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), que planificara, por ejemplo, la descentralización de las fuentes de trabajo con polos de desarrollo que favorecieran la cercanía de la población a sus lugares de trabajo, en lugar de seguir concentrando en la Capital”.
Y destacó que “un nuevo código debe hacerse en consonancia con un código ambiental. Debe planificarse teniendo en cuenta las inundaciones -frecuentes en nuestro clima-, la iluminación y ventilación, basura, contaminación, y otros. Planificación urbana no es solo servicios domiciliarios como redes de agua, electricidad, desagües. También es servicios públicos como escuelas, hospitales, plazas. El nuevo instrumento codifica viviendas para 3 millones de habitantes nuevos, pero no prevé estos servicios públicos, que ya están colapsados y no lograr satisfacer las demandas actuales”.
“De acuerdo a la población actual, solo para educación, faltan alrededor de 15.000 vacantes, lo que supone unas 80 escuelas nuevas, las cuales, demás está decirlo, no se están construyendo. En realidad, se están cerrando como ocurre con los jardines maternales y el lactario del Hospital Ramos Mejía. Hay que agregara la lista de cierres el proyecto de demolición de las instalaciones modelo del CeNARD (Centro Nacional para Entrenamiento de Alto Rendimiento en Deportes) y el Profesorado Romero Brest para la formación de profesores de educación física. Las 11 hectáreas que en conjunto ocupan en Núñez, serán entregadas al negocio inmobiliario para construcciones y negocios capitalistas. Anticipándose a la sanción de Código, el Banco Ciudad convocó al remate de los terrenos del CeNARD el día 20 de noviembre”, detalló la representante del FIT.
En ese sentido, sostuvo que “lo mismo pretenden hacer con los terrenos de cinco hospitales de la Ciudad. En lugar de proyectar hospitales para esta supuesta duplicación de la población, se planea cerrar cuatro de ellos, el IREP, Ferrer, Udaondo y Marie Curie para concentrarlos en el Muñiz y entregar también esos terrenos a la especulación inmobiliaria”.
Marrone dijo que “tampoco existe la planificación urbanística de los espacios verdes”. Y manifestó que “al contrario, el Gobierno destruye los existentes. Desde que el PRO gobierna la Ciudad, se han privatizado alrededor de 400 hectáreas en estos 11 años. Nuestra ciudad tiene escasos 6 m2 por persona de superficie verde, según cifras oficiales. Las asociaciones vecinales sostienen que son solo 4 m2 dado que el gobierno infla las cifras contabilizando no solo canteros y plazas cementados sino hasta las terrazas verdes caracterizadas por no poder absorber el agua. Según la Organización Mundial de la salud, OMS, una ciudad debe tener entre 10 y 12 m2 de espacios verdes para garantizar la renovación de aire y condiciones saludables de habitabilidad. Con la duplicación de la población, se reduciría a 3 o 2 m2 el espacio verde por habitante. Nueva York tiene, aproximadamente 11 m2 de espacio verde por habitante, el doble de las cifras que da el gobierno. Por otra parte, Nueva York tiene una densidad de 10.500 habitantes por km2. Buenos Aires en la actualidad, 14.500. Si el código cumple su objetivo se pasaría a duplicar esa cifra: 28.000 habitantes por km2. Un espanto de ciudad hacinada”.
“El nuevo código no es un plan para solucionar el problema de vivienda que tiene la Ciudad ya que no existe ninguna regulación para que se construyan viviendas populares. En las últimas décadas se han construido numerosas viviendas en Ciudad, pero el 40% de ellas son suntuarias. Existen 340.000 inmuebles ociosos, que están vacías porque son para atesoramiento de renta de los sectores más ricos. Cuando se discutió la “nueva ley de alquileres” en 2017, desde Izquierda Socialista-FIT se propuso cobrarles un impuesto a estas viviendas ociosas, ya que, si tal cantidad de propiedades se pusieran en alquiler, se conseguiría tener una mayor oferta y por lo tanto bajar los precios de todos los alquileres. Esta medida hubiera atacado la especulación inmobiliaria y hubiera servido para combatir el crecimiento desmedido de los precios de los alquileres en relación al salario que se sigue deteriorando”, añadió la legisladora.
Y recordó que “en el año 2001 el 70% de la población era propietaria y el 22% alquilaba. Según la Encuesta de Hogares 2015, la población propietaria de su hogar se redujo al 50% y los que alquilan pasaron a constituir el 35,2%. Actualmente un millón de personas que vive en la Ciudad no tiene casa propia. Las viviendas están, son 370.000 alquiladas, pero sus inquilinos no pueden acceder a ser propietarios. Estas cifras evidencian que cada vez son más los que deben alquilar, mientras miles de trabajadores son expulsados de la Ciudad por el encarecimiento de los alquileres y las enormes dificultades para acceder a una vivienda propia”.
Asimismo, expresó que “en países europeos, como Finlandia, Francia, Austria o Dinamarca, por ejemplo, se regula un porcentaje de terrenos para viviendas populares que oscila entre el 11 y el 20%. Los estados dedican entre 1 y 12% de sus PBI al tema de la vivienda, según el país. Nada de eso prevé el proyecto del nuevo Código, siendo que la mitad de su población tiene ingresos equivalentes a la mitad de la canasta familiar, sin incluir en ese cálculo el precio de los alquileres equivalente a un salario mínimo para un departamento de dos ambientes”.
Laura Marrone resaltó que “el código tampoco prevé la zonificación para centros culturales y deportivos por barrios y comunas. Parece que, en el país de Maradona y Messi, los niños deberán tener plata para pagar el alquiler de una cancha o resignarse a mirar la TV. Y si quieren hacer música o teatro, deberán pagar o mirar el celular”.
También expresó que “otro escándalo lo constituye el proyecto de nuevo Código de Edificación por el que se liberan los m2 mínimos para construir viviendas y la reglamentación para la accesibilidad de personas discapacitadas”
“Un amplio y valioso conjunto de organizaciones barriales desarrolló durante estos meses una esforzada campaña de difusión por los barrios con talleres y charlas para explicar a la población qué se pierde con estos códigos. La tarea es titánica porque la mayoría desconoce estas normas. Los efectos empezaron a notarse antes de que el código se sancione. Por ejemplo, los vecinos del barrio de Agronomía acaban de enterarse que la rezonificación de un parque permitirá la instalación de 11 torres. Los de Caballito deberían prepararse para que IRSA se alce con el shopping y torres que piensan construir en los viejos terrenos del ferrocarril. Sumemos a estos asaltos, los ya mencionados contra el Romero Brest, CeNARD y los hospitales. Todavía estamos a tiempo de impedirlo. Que los mezquinos intereses capitalistas no nos roben los espacios públicos. Sumémonos a la movilización de estas asociaciones, y exijamos que no se sancionen estos códigos en las próximas semanas. En cambio, que se abra un verdadero debate por comunas y en toda la ciudad acerca de qué ciudad necesitamos para una vida digna y saludable”, cerró la legisladora del Frente de Izquierda.