Andrea Conde criticó con dureza durante la última sesión del año en la Legislatura porteña el proyecto que le otorga 1 año para relevamiento y 20 años para la adaptación de las estaciones de subte al acceso a discapacitados.
“Señor presidente lo que aquí queda claro es que el principal motivo de la norma que se votará a continuación, es garantizar el negocio a Metrovías, es decir a Roggio, más allá de los derechos de los/as porteños/as.”
“No nos confundamos: no solicitan todos esos años porque un informe de SBASE (de una página y media, sin ningún argumento técnico) lo recomienda. Lo necesitan para garantizarle a Metrovías que hasta el fin de los fines, no va a volver a tener que pagar una multa por el incumplimiento de la ley, como le sucede hoy por no arbitrar los medios para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, tal como exige el fallo de la justicia porteña”.
“Esta Legislatura no puede seguir siendo la escribanía que pone firma y sello a los negocios que el oficialismo tiene con los distintos privados, en desmedro de los intereses de los y las porteñas que necesitan de un Estado que se haga cargo de garantizar derechos”.