“Derecho humano fundamental como mujer”, dice el fallo según el cual el Estado deberá indemnizar a una mujer a quien se le negó un aborto no punible siete años atrás y, como consecuencia, a los siete días sufrió un accidente cerebrovascular, cuando todavía estaba internada, que le provocó la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.
M. tenía 36 años, era pobre y sufría una patología cardíaca congénita, que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar. El 4 de agosto de 2011 se acordó en un ateneo interdisciplinario, en Paraná, realizar un aborto terapéutico, contemplado en el artículo 86 del Código Penal. Ella dio su consentimiento. Una semana después, en el momento en que estaba entrando al quirófano, en el Hospital San Martín, irrumpió un médico ajeno a la institución, conocido por su militancia antiderechos en Paraná, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la práctica. La interrupción legal del embarazo se suspendió.
M. fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, en el Conurbano bonaerense, donde en noviembre le hicieron una cesárea y tuvo una niña. Tras sufrir un ACV, la mujer, que pudo ir recuperando su movilidad con rehabilitación, demandó al Estado provincial y ahora la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que ordenó una reparación económica por los daños que le ocasionó a la salud el haberle impedido un aborto legal.
En primera instancia, el juez Martín Furman, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 7, de Paraná, había considerado que los médicos fueron negligentes porque “al impedir la cirugía, no hicieron todo lo que debieron haber hecho para evitar el daño”, y al suspender el aborto no punible, la derivaron “sin contar con el consentimiento informado de la paciente, quien no pudo decidir libremente no continuar con su embarazo”. De este modo, el magistrado confirmó la relación entre el ACV y la no interrupción de un embarazo. “Lo concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV en el séptimo día postcesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después”, explicó en el fallo.
También destacó que el Estado le negó a M. “su derecho humano fundamental como mujer de decidir no tener más embarazos por un medio anticonceptivo lícito”, ya que por la patología “no podía usar cualquier método anticonceptivo”.
El tribunal de alzada confirmó la sentencia y le reprochó al Estado entrerriano haber impedido a la mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna”. El voto principal de la Cámara fue fundamentado por el juez Oscar Benedetto, al cual adhirió Eduardo Romeo Carbó. La vocal Graciela Basaldúa hizo uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto.
El aborto ilegal es un femicidio de Estado, que tampoco cumple la ley al dar acceso a la interrupción legal del embarazo, proveniente del fallo F.A.L. del 2012 de la Corte Suprema. 50 mil personas son internadas en hospitales públicos debido a consecuencias de abortos inseguros. Se producen 29 mil abortos por mes, 985 por día, 41 abortos por hora.
