En el último día para realizar presentaciones contra Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.), el presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, dejó correr la versión de que el mismo sería reemplazado. Durante el transcurso del día de ayer, los diputados justicialistas presentaron en el Congreso Nacional, 5 proyectos para dar de baja este índice indexatorio. En tanto, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, presentó ayer un recurso de "acción declarativa de certeza constitucional" colectivo -para todos los habitantes porteños-, para que la justicia frene la imposición del CER.
De todas maneras, los asesores presidenciales están analizando con que índice "actualizarán" las deudas de los argentinos. Ante esta posibilidad, quienes se encuentran realizando la cola para presentar acciones judiciales contra el CER -la cual supera los 150 metros-, manifestaron su profundo malestar ante la probable imposición de otro índice indexatorio. Tan sólo ayer se presentaron más de mil acciones judiciales.
En ese sentido Oliveira expresó que "cualquier índice de indexación, por sus características es inconstitucional, y además está prohibido por una ley de orden público que es la ley de emergencia, que no está derogada, y está modificada por un decreto de necesidad y urgencia que carece de los elementos constitucionales que permita que existe un decreto de necesidad y urgencia".
Según Oliveira, entre los inquilinos, las garantías de dichos inquilinos y los que tienen préstamos hipotecarios, habría cerca de 3.600.000 personas que verían afectada su vivienda.
EL diputado peronista, Rodolfo Frigeri, consideró que "la indexación en un crédito a largo plazo es muy traumático y las preocupaciones son ciertas por eso hay propuestas en el legislativo para ver cómo se arregla la situación en principio para los créditos hipotecarios". En tanto su propuesta es que la persona que estaba en el sistema bancario opte por quedarse en la misma casa con una tasa de interés del 14 por ciento pero sin indexar". Además sostuvo que "el Ejecutivo tomó conciencia de que tiene que proponerse rápido una solución en lugar de esperar a agosto".
Por otra parte, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, consideró que "el Estado tiene que tener una fuerte intervención en la que el deudor pueda pagar y el acreedor cobrar".
LAS PRESENTACIÓNES JUDICIALES SIGUEN EN PIE
Tanto los pedidos de inconstitucionalidad del CER presentados por las asociaciones dee consumidores como el que inicio la Defensoría del Pueblo de la Ciudad siguen su curso normal.
"En una semana dijeron que nos van a asignar el juzgado, -informó Oliveira- porque como ahora hay mucha demanda de Tribunales, así que todavía no sabemos qué jueza nos tocó. De todas maneras el escrito está preparado y armado para llevarlo a Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, es decir, la idea es recurrir a los organismos regionales de derechos humanos en el caso de incumplimiento, porque lo que se está reclamando es la garantía de derechos humanos básicos". Además aclaró que "hay jurisprudencia tanto de la Comisión Interamericana como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un poco el espejo de la Comisión Interamericana, que nos da la razón".
Por otra parte, la presidenta de Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja, manifestó que "las asociaciones han presentado ya también recursos de amparo colectivos, o sea que amparan a todos, a todos los que tienen el problemas del CER". En tanto que consideró que "incluso Remes Lenicov dijo que le iban a hacer alguna modificación, lo van a tener que hacer, lo estamos viendo también con el Congreso, así que francamente creo que no es necesario que la gente se agolpe a realizar acciones judiciales, porque de no derogarse el decreto, existen varias presentaciones colectivas que piden su inconstitucionalidad".
