La máxima del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba se está cumpliendo a la perfección. El consejero presidencial había sido claro: “En un año electoral como este, no hay que hablar de economía si queremos ganar las elecciones y que Macri sea reelecto”. Ahí el Gobierno de Mauricio Macri lleva todas las de perder. Por eso, el consejo fue instalar y hablar de otros temas. Eso obligó al Gobierno a arrancar el año 2019 marcando la agenda mediática y política con la instalación de temas totalmente alejados de la realidad económica y tarifaria.
Enero fue un claro ejemplo de eso: baja de la edad de imputabilidad, expulsión de los extranjeros que delinquen, proyecto para recuperar los bienes de la corrupción y el tema Venezuela, que también se aprovecha para pegarle al kirchnerismo; fueron los temas elegidos por el Gobierno nacional para macar la agenda y sacar del centro de la escena la economía.
A eso habría que agregarle el tema de la desaparición del jugador Emiliano Sala, que ocurrió mientras viajaba en una avioneta entre Francia e Inglaterra, tema que actualmente sigue ocupando buena parte de las noticias centrales de los medios argentinos.
La frutilla del postre sería el accionar judicial que no se tomó vacaciones y eludió la tradicional feria de enero. La semana pasada, el juez federal Claudio Bonadio ordenó más 80 allanamientos en todo el país por la investigación de la corrupción en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El consejero presidencial había sido claro: “En un año electoral como este, no hay que hablar de economía si queremos ganar las elecciones”.
Claramente, y por ahora, la estrategia mediática del Gobierno está funcionando, pese que la realidad, muchas veces pasa por otro lado. En cantidad de centimetraje periodístico, los temas impulsados por el Gobierno le ganaron por mucho a los ruidazos contra el tarifazo en los servicios que se realizan los viernes, y al corte de luz que afectó a todo el norte de la Ciudad y a varias zonas del Conurbano, que sucedió el martes por la tarde.
La instalación de temas debe cumplir ciertas reglas: tiene que tener un cierto anclaje en la realidad, despertar polémica, involucrar de esa manera a la oposición y sumarle un correlato mediático que haga que los funcionarios y políticos del oficialismo salgan públicamente a defenderlo. Eso mantiene el tema vivo por un tiempo y permite que no se diluya enseguida.
Por eso, es bueno recordar lo que sucedió a partir del lunes 7 de enero, para entender cómo el Gobierno fue instalando los temas. A partir del fin de semana anterior al lunes, se conoció que el Gobierno ya tendría listo un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y podría enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.
El Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. Además, el proyecto contempla que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sea de 15 años.
La instalación de temas debe cumplir ciertas reglas: tiene que tener un cierto anclaje en la realidad, despertar polémica, involucrar de esa manera a la oposición y sumarle un correlato mediático.
Como era de esperar, el tema provocó la reacción de la oposición, de los jueces y los especialistas. Además, fue sostenido en los medios, también, por las declaraciones de funcionarios y políticos de Cambiemos.
Ese mismo lunes 7, se instaló otro tema, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que existe una lista de mil extranjeros que podrían ser deportados próximamente. Ese plan, afirmó, forma parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso, y que incluye, entre otras cosas, la creación de una Cámara que acelere ese trámite.
“Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso. Pero esto (la deportación de 1000 extranjeros) se va a hacer con la legislación existente”, contó.
Esos temas fueron los hits de las primeras semanas de enero, más el tema de la causa de los cuadernos de la corrupción K. Cuando se desinflaron, el Gobierno ya tenía preparado otro tema.
El lunes de esta semana, el presidente Mauricio Macri volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poner en funcionamiento la iniciativa sobre la Extinción de Dominio, un cuestionado proyecto para recuperar bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico. La iniciativa, presentada por Sergio Massa hace dos años, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en 2016 pero sufrió modificaciones en el Senado, por lo que debía volver a la Cámara baja para su tratamiento.
Enseguida, el miércoles volvió a estallar Venezuela y el Gobierno aprovechó la volada no solo para encolumnarse como siempre con Estados Unidos y en contra, sino que además utilizó el tema para pegarle al kirchnerismo acusándolo de tener una visión “sesgada” del tema, como lo dijeron el canciller Jorge Faurie y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Enero demostró que el plan de Durán Barba funciona, para febrero, el oficialismo no piensa cambiar de estrategia, todo lo contrario.