Remate de tierra pública: la Ciudad espera recaudar 150 millones de dólares

Remate de tierra pública: la Ciudad espera recaudar 150 millones de dólares

Saldrán a remate terrenos en Colegiales, La Boca, Retiro y Palermo. Todos los detalles.


El recorte de los subsidios también llegó a la Ciudad. La Nación, a través del Presupuesto 2019, hizo fuertes recortes en todas las jurisdicciones, y la Ciudad no fue la excepción. Por algo, en la última sesión del año de la Legislatura porteña, el bloque oficialista de Vamos Juntos aprobó la legalización de los juegos de azar online. Según le dijo un legislador del Pro a este medio, la intención era recaudar más plata. 

La venta de terrenos públicos para financiar obras fue una de las políticas más características y sostenidas por el Gobierno nacional y el de la Ciudad en los últimos años. Pese a la oposición de grupos de vecinos, esta semana la Nación retomará las subastas: saldrán a remate terrenos en Colegiales, La Boca, Retiro y Palermo.

El organismo encargado es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De acuerdo a lo que le informó a Clarín, este martes rematarán tres grandes lotes que forman parte del playón ferroviario de Colegiales. Sumadas, las bases de subasta superan los USD 27,2 millones.

La AABE quiere vender esas tierras e invertir el dinero en infraestructura ferroviaria. Además, entiende que se trata de un predio desaprovechado, con galpones en desuso, que puede servir para generar empleo, a través de las inversiones privadas. También, en el organismo aseguran que se respetará que el 65% de la superficie se destine a espacio público, entre zonas verdes y apertura de calles y veredas. Pero muchos vecinos siguen resistiendo la iniciativa, porque dicen que en Colegiales hacen falta parques y no más construcciones.

El miércoles, en tanto, saldrán a remate dos predios muy distintos. Uno está en Retiro, en el playón ferroviario. Es el último que queda por vender del proyecto “Catalinas II”, por el cual subastan los predios para financiar la construcción del Paseo del Bajo. Los privados podrán desarrollar torres de oficinas, tal como ya existen sobre avenida Leandro N. Alem.

El otro inmueble es más discutido: está en Catalinas Sur, La Boca. Es una franja de terreno que utilizaba el club Darling, pero que le fue retirada por una ley de la Legislatura porteña. Aunque muchos vecinos rechazaban la urbanización, los diputados la aprobaron. Por la venta, la AABE pretende recaudar USD 45 millones.

Clarín contó que para el día siguiente, el jueves, está programado el remate de un estacionamiento que el Estado posee en Santa Fe entre Godoy Cruz y Bullrich, en Palermo, por el que piensa recaudar unos USD 14,5 millones. En tanto, para el viernes 22 está prevista la venta de un galpón en Roosevelt y Buccarello, en el corazón de Villa Urquiza, un espacio que había sido tomado por una asamblea vecinal que fue desalojada. También tienen fecha otros remates menores, como el de una vivienda en la calle Ecuador al 33, por la que piden poco más de USD 195.000.

Para la AABE, la venta de predios públicos en desuso tiene una doble utilidad. Primero, justamente, aprovechar mejor los inmuebles con inversiones privadas que generen empleo. Por el otro, usar el dinero para financiar obras públicas importantes. Las ventas de espacios ferroviarios se usaron para obras de transporte: por ejemplo, el 100% de la construcción de los viaductos de los trenes Mitre-Tigre, San Martín y Belgrano Sur. “Estos proyectos les cambian la vida a la Ciudad y a los que vienen al GBA, porque con los viaductos se podrán mejorar las frecuencias de los trenes y también recuperar lugares en desuso, que servirán para crear más espacio público”, aseguró Ramón Lanús, presidente de la AABE.

Desde que comenzaron a vender estos inmuebles públicos, la Nación recaudó más de USD 580 millones, y los que sacará en adelante a remate los vendieron tan solo por la base (suelen conseguir más), en total superaría los USD 730 millones.

En todos los casos, la AABE pone como condición que quienes adquieran el predio empiecen el desarrollo inmobiliario dentro de un plazo máximo determinado (en general, no más de tres años). De esta manera apuntan a que las tierras tengan un uso efectivo y que no se conviertan en una reserva de valor para un privado sin ninguna intervención positiva ni creación de empleo.

 

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