La AFIP anunció que desde el 1º de abril subirá los intereses a los contribuyentes morosos. Estos intereses alcanzarán mensualmente la suma equivalente a 1,2 y 1,5 veces la tasa nominal anual del canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días, del Banco de la Nación Argentina.
Ante esto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la decisión de la AFIP llevará al “cierre de las pymes”, en una carta dirigida al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
En la misiva, la Cámara expresó su “profunda preocupación ante la Resolución 50/2019, publicada el pasado 7 de febrero en el Boletín Oficial, por la cual se establece el incremento en las tasas de intereses resarcitorios y punitorios”.
Con apoyo del peronismo en el Senado, empresarios de distintos sectores decidieron declararles la guerra al Gobierno y a la AFIP para que suspendan los embargos por deudas impositivas y la nueva disposición de subir las tasas de interés para los morosos.
El vicepresidente de la CAME, Diego Navarro, afirmó que pedirá que la AFIP suspenda los embargos por incumplimiento a las pymes de Tierra del Fuego. Si esto prospera, podría sentar un precedente para el resto de la Argentina.
El pedido llega después de que Dujovne decidiera, la semana pasada, que desde el 1º de marzo suban hasta un 50% las tasas resarcitorias y punitorias que cobra la AFIP a quien se atrasa con los vencimientos.
En la carta enviada a Dujovne, la CAME solicitó que se reconsidere la suba de tasas que “generará la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre de pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la actual situación económica”.
La situación, advirtió la entidad empresarial, también amenaza con “arrastrar a otras tantas a la morosidad, o lo que sería mucho más grave, a la informalidad como único camino posible para subsistir”.
El proyecto de ley de Pichetto fue acompañado por los senadores Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino. La iniciativa establece tres beneficios para las pequeñas y medianas empresas.
Además de proponer la suspensión por 180 días de la resolución en cuestión, también suspende la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. También habilita a la AFIP de formular denuncia penal respecto de los delitos respectivos previstos en la ley penal tributaria por ese plazo.
