La oferta que presentó Central Puerto S.A., que pertenece a Nicolás Caputo, uno de los amigos más íntimos del presidente Mauricio Macri, para quedarse con la central termoeléctrica Brigadier López fue considerada “aceptable” un dictamen de Integración Energética Argentina S.A. -la ex Enarsa-, que a la vez desechó por “inadmisibles” las propuestas de la propia Central Puerto y de YPF para adquirir la central de Ensenada de Barragán, que de esta manera quedó vacante.
Caputo se quedaría de esta manera con un porcentaje aún mayor al 11,4 por ciento de la energía aportada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Hace una semana los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, denunciaron que Macri tasó, mediante el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017, a ambas centrales en cuestión en 400 millones de dólares menos de lo que valían en realidad.
La de Ensenada fue tasada en 305,9 millones de dólares y el monto mínimo de la oferta debería haber sido de 229 millones de dólares. La Brigadier López, entretanto, tuvo una valuación oficial de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, la suma “aceptable” para quedarse con las usinas sería entonces de casi 400 millones de dólares menos que su valor real.
Según los denunciantes, las centrales costaron al Estado unos 1.00 millones de dólares, pero su precio de venta se estableció en la mitad de este valor. Según trascendió, Caputo ofertó 326,5 millones de dólares por la Central Térmica Brigadier López.
La causa está siendo tramitada por fiscal Gerardo Pollicita y por el juez Daniel Rafecas, que imputaron al primer mandatario argentino tasar las centrales “a precio vil”. El fiscal Pollicita ya pidió medidas de prueba, iniciando el proceso judicial.
Junto a Macri quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa y el empresario Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
La denuncia involucra además a los exdirectivos de Iecsa Alberto Raúl Brusco y Adolfo Piccinini, que fueron primero directores técnicos de las plantas mientras estaban en construcción y, en 2016, cuando ambos contratos fueron rescindidos, fueron designados como directivos de Ieasa, que debía ocuparse de la venta de ambas centrales.
El juez Rafecas, que está a cargo de la instrucción de la causa, rechazó anteriormente una medida cautelar solicitada por la oposición para suspender el proceso de licitación de las centrales.
En medio del proceso, cuando Macri suspendió los contratos de construcción de las obras, Iecsa, la empresa que lidera su primo Angelo Calcaterra fue indemnizada con 1.600 millones de pesos, equivalentes, en aquel momento a 100 millones de dólares.
