Desde el 23 de enero, una niña de 11 años espera la interrupción de la gestación forzada, que ya lleva 23 semanas y media.
“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, suplicó la nena. Es que su embarazo es producto de la violación de la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores.
Como consecuencia de las vivencias que está atravesando, tuvo dos intentos de suicidio y ataques de angustia, mientras se encuentra acompañada por su mamá en un hospital en las afueras de San Miguel de Tucumán.
La “espera” se debe a que a pesar de que existe una Ley desde 1921 que le garantiza interrumpir su embarazo cuando fue torturada y forzada a concebirlo, las autoridades de su provincia le dan la espalda. El Sistema Provincial de Salud tardó cuatro semanas en informarle que, finalmente, le negaría su derecho a acceder a la salud.
Recién ayer martes el Siprosa informó ante un requerimiento de la Jueza de Familia de la 5ta Nominación, Valeria Brand, que pondría en marcha las acciones necesarias para garantizar la ILE y cumpliría con el protocolo de atención de estos casos. El embarazo ya rondaba las 24 semanas.
El responsable de mantener bajo tortura y tratos inhumanos a la niña tiene nombre y apellido: se llama Gustavo Vigliocco y es el secretario de Salud, del cual depende el Siprosa, el mismo que dijo en declaraciones a Radio Con Vos que como Lucía –nombre ficticio—pesaba 50 kilos estaba en condiciones de continuar con el embarazo forzado, a pesar de que la propia niña ya había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial.
Por último, la niña fue forzada a parir. Le realizaron una cesárea que le marcará el cuerpo para siempre. La criatura que dio a luz pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología, con pocas posibilidades de sobrevida, de acuerdo con fuentes médicas.
Lo mismo sucedió hace menos de un mes, pero en Jujuy: le practicaron una cesárea a una niña de 12 años embarazada producto de una violación. Tanto su madre como ella habían pedido que se cumpla el protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo al que esa provincia, al igual que Tucumán, adhirió. Tras someterla al parto prematuro, parió una bebé de 700 gramos que murió tres días después. Además de la cicatriz en su vientre, carga con el peso de una muerte impuesta a los 12 años.
Cesárea no es Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE)
Además de la Ley de 1921 que establece que por ley se puede acceder a un aborto legal producto de una violación, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia dictaminó el Fallo FAL, donde se reconoció al aborto no punible como un derecho de las mujeres; definió el alcance de la causal violación para el aborto a cualquier mujer, adolescente o niña; y consideró que el “permiso judicial” para obtener un aborto no punible es innecesario.
A una niña de 11 años le negaron su derecho a la interrupción de un embarazo producto de una violación. La obligaron a gestar cuando pidió que le saquen eso que le "metió el viejo". La torturaron.
— Fundación Huésped (@FundHuesped) February 27, 2019
Ayer fue Jujuy, hoy es Tucumán. No sabemos cuantas más son ni cuantas más serán torturadas. No podemos permitir más torturas a niñas.
— Fundación Huésped (@FundHuesped) February 27, 2019
Niñas, no Madres
Con esa consigna, las agrupaciones que defienden los derechos de las niñas y mujeres se expresan en redes y en la calle. El lunes pasado, mientras el Gobierno de Tucumán dudaba de cumplir o no con la Ley, se realizó una concentración en las puertas de la Casa de la provincia de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires para exigir que se realice la interrupción legal del embarazo a la niña.
Cada 3 horas, en Argentina, una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) “El poder de decidir. Derechos reproductivos y transición demográfica”, Argentina tiene una de las peores tasas de la región: las cifras superan el promedio de América latina y el Caribe, que es 62 nacimientos por cada mil jóvenes.
Vulnerar los derechos de Lucía es TORTURA #ileesderecho #niñasnomadres #cesareanoesile pic.twitter.com/oO9AaYWOHi
— Red Salud x Derecho a Decidir Tucumán (@redsxddtuc) February 27, 2019