La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y su segundo, el secretario del área, Gustavo Vigliocco, fueron denunciados esta mañana en la Justicia por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” en relación a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo de Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, que finalmente fue sometida a una cesárea.
La denuncia alcanza también a Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón, donde estuvo internada, y a la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plantel se declaró masivamente objetor de conciencia y se negó a participar de la intervención en el mismo momento en que se estaba por concretar.
La presentación, que recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos 2, fue realizada por las organizaciones feministas y de DD.HH. Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.
Las conductas denunciadas “se traducen en reiterados incumplimientos de deberes de funcionario público en tanto estuvieron dirigidas a retardar, omitir o dejar de hacer actos inherentes al oficio médico y tienen como protagonistas a efectores de la salud que, al mismo tiempo, desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas”, sintetizó ante Página/12 la abogada Soledad Deza, de MxM, una de las firmantes de la denuncia.
Deza fue la representante legal de “Belén” después de que la joven tucumana fuera condenada tras sufrir un aborto espontáneo por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” y llegó a estar casi tres años presa. Deza consiguió su absolución. También firman la presentación Mariana Soledad Álvarez por la APDH y María Teresa Bossio, directora de CDD.
El caso de Lucía “contiene irregularidades y violaciones de derechos graves” –señalan en la denuncia–, que, incluso, fueron comunicadas al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y al Ministerio Público por M x M y CDD el 13 y el 15 de febrero, en una presentación que hicieron en ese momento, tal como informó Página/12. Es decir, más de diez días antes de que se hiciera la cesárea. “Consideramos que asistimos a un momento bisagra para los derechos humanos de personas con derecho a abortar, en el cual el enfoque de género impone investigar los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas”, dice la denuncia, a la que accedió este diario. En 2018, 137 niñas tucumanas menores de 14 años fueron madres, según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, detalla la presentación.