Lamentablemente se convirtió en el delito de moda y por erso el Gobierno le apuntó los cañones. El oficialismo impulsa dos proyectos para limitar las excarcelaciones de los motochorros e imponerles penas más severas. El objetivo es restringir los beneficios para los delincuentes que sean detenidos por cometer robos en moto o hurtos callejeros. Buscan además elevar las penas mínimas a 4 años y establecer condenas de cumplimiento efectivo.
Una de ellas es impulsada por el Ministerio de Seguridad y prevé la reforma en tres artículos (316, 317 y 318) del Código Procesal Penal, que determinan las condiciones para las excarcelaciones y la exenciones de prisión, facultad exclusiva que tienen los jueces.
La otra es un proyecto de ley que presentó el diputado radical Luis Petri, vicepresidente vicepresidente de la Cámara baja, para modificar el Código Penal e incrementar las penas, elevando los mínimos a 4 años, de forma tal de impedir las excarcelaciones y principalmente la posibilidad de que los delincuentes se puedan someter a la suspensión del juicio a prueba (probation).
En febrero, la Procuración General de la Nación ordenó a los fiscales limitar los beneficios que pueden obtener quienes cometen determinada clase de delitos públicos, como los robos callejeros.
Mediante la resolución 13/2019, el procurador Eduardo Casal instruyó a los funcionarios judiciales a su cargo que al momento de expedirse sobre “la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, ponderen las circunstancias concretas del hecho” para actuar “en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reconoció que se está trabajando para realizar dichas modificaciones y “tener una mirada más restrictiva respecto de las excarcelaciones”. En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria advirtió que “la Argentina tiene causales de excarcelación muy amplias. Y si bien hemos mejorado mucho porque cuando hay flagrancia el delito es juzgado, las causales de excarcelación hay que restringirlas más a los delitos de violencia que generan conmoción social”.
Bullrich destacó que cuando asumieron el Gobierno se hicieron pequeños cambios pero “no había votos para esto”. Por eso, reiteró que “es importante insistir en que no puede haber excarcelaciones automáticas para todos los casos”.
Entre los cambios que impulsan, la ministra pidió también desformalizar la justicia y puso como ejemplo el caso del matrimonio griego. “Los turistas no habían hecho la denuncia pero había delito. Además se sumó otra mujer a la que también había asaltado el mismo sujeto. Nosotros proponemos que la reiteración de delitos, aunque no haya condena, implique una conducta distinta para el juez en su valoración y no los deje libres”.
“Hay herramientas para hacer una consideración menos lineal de lo que está pasando y ponerse del lado de la víctima. Es necesario generar un cambio en nuestras cabezas, en nuestra cultura, que nos lleven a poner como objetivo la defensa de la sociedad y de la víctima y no de los delincuentes”, concluyó Bullrich.
El proyecto de Petri propone también incorporar al artículo 163 del Código Penal (con penas de uno a seis años) la tipificación del “motochorro” como: “Cuando el hurto se cometiere utilizando una motocicleta, automotor u otra vehículo”.
Además, incluye la inhabilitación especial de hasta 10 años y en caso de ser reincidentes perpetua para conducir vehículo motorizados. Según datos oficiales revelados por el legislador, casi en un 99% de los casos se utilizan motos robadas y cuando son aprehendidos a los delincuentes se los termina juzgando por el delito de encubrimiento. Por eso, también se propone incrementar las penas en ese tipo de delitos además de desalentar que se roben motos.