El ingeniero naval y perito argentino Jorge Oscar Bojanic denunció ante la justicia al presidente Mauricio Macri por enviar al submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, a realizar tareas de espionaje en una zona de combate.
El “máximo responsable del desastre del ARA San Juan es el presidente Mauricio Macri porque lo envió a espiar a una zona de combate”, afirmó en su denuncia, según fuentes judiciales a las que accedió el medio Sputnik.
La embarcación, que fue localizada en el Mar Argentino en noviembre de 2018 a un año de su desaparición, estaba abocada a una misión distinta a la informada de manera oficial, a juicio del experto.
“Sólo una persona podía dar esa orden, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente de la República, ingeniero Mauricio Macri, y fue realizada por sugerencia de su ministro de energía, Juan José Aranguren”, declaró en su presentación.
En ese contexto, los marinos murieron “en un acto de guerra en un teatro de operaciones militares”, aseguró el experto en su denuncia al presentarse de manera espontánea ante el fiscal federal Jorge Di Lello el pasado 7 de marzo.
Este fiscal tiene a cargo una investigación preliminar para determinar si hay responsabilidades penales en el presunto estado de deterioro en el que se encuentran las Fuerzas Armadas de Argentina, a raíz del siniestro del San Juan.
Espionaje empresarial
El submarino, que de acuerdo a la versión oficial sufrió una implosión a 920 metros de profundidad por una entrada de agua en el sistema de tuberías, realizaba labores de espionaje de tipo empresarial sobre una zona de aguas internacionales en las que yacen reservas de gas y petróleo, afirmó Bojanic.
Esa área se denomina “Ballena Viva”, un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados que tiene una profundidad de entre 50 y 120 metros y está situado a 500 kilómetros de la costa.
Esas reservas serían siete veces superiores a las que se encuentran en el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén (suroeste), afirmó el experto.
“Esa zona son aguas internacionales, tiene grandes riquezas naturales: reservas petroleras 7,5 veces más grandes que en Vaca Muerta, grandes reservas de gas natural, con profundidad de 50 metros se pueden poner generadores eólicos; además, se encuentra el mayor banco de peces de todo el mundo”, detalló el especialista.
El por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, sabía “que hay 25 empresas petroleras trabajando en la zona”.
El buque con sus 44 tripulantes fue enviado allí porque Aranguren “necesitaba saber cuántos y quiénes estaban trabajando en la zona”, ya que hay un “proyecto ultrasecreto de la zona de 75.000 km cuadrados costa afuera como un negocio privado que quiere controlar el Gobierno”.
Misil contra el San Juan
El experto también afirmó que el buque San Juan naufragó debido a “una mina antisubmarina o un misil antibuque”.
“La calota del Ara San Juan está construida de un acero HY80 de 35 mm de espesor, eso resiste un cañonazo de un tanque de guerra calibre 88”, informó el perito.
El ingeniero se refirió a las fotos que tiene en su poder Marta Yáñez, la jueza que investiga el siniestro del San Juan desde el municipio de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz (Sur).
En una de esas imágenes se observa que la calota está destruida, y ese nivel de destrucción sólo se consigue con “300 kilos de TNT”, según el experto.
Junto a los restos del navío “junto a la hélice, a su izquierda, se observa una especie de cuerno”, que sería “el booster de un misil antibuque.
El denunciante también acusó a la jueza Yáñez por sus “injustificables demoras” para que desaparezcan todas las pruebas sobre el caso.
En consecuencia, Bojanic pidió a Di Lello que investigue los alcances del plan “Argentina Ronda 1 Costa Afuera”, presentado recientemente en Houston (sur de EEUU) como parte de un programa del Gobierno para licitar la perforación de aguas internacionales.
La causa a cargo de Di Lello tiene por juez instructor a Luis Rodríguez, que podría derivar todo el expediente a la jueza Marta Yäñez, por encontrarse allí la causa principal que investiga lo sucedido con el San Juan.
El San Juan desapareció con 44 tripulantes a bordo en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. La empresa de EEUU, que cobró 7,5 millones de dólares por el hallazgo, encontró la embarcación cuando estaba a horas de abandonar sus labores, tras haber cumplido el 15 de noviembre de 2018 con los 60 días de rastreo a la que se había comprometido por contrato.
El buque Seabed Constructor de la compañía llegó durante la noche del día siguiente a la zona donde se había localizado un contacto y verificó con el ROV (acrónimo del inglés ‘remote operated vehicle’) que se trataba del buque.
La información fue dada a conocer por el medio Sputnik.