A través de la Resolución N° 2800/2002 que data de los primeros días de septiembre, el secretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Ángel Pesce, estableció el 12 de ese mes como fecha de vencimiento para el pago de la cuota anual del ejercicio de 1999 de la contribución por la ocupación del subsuelo de la vía pública.
El hecho de que se impusiera como plazo el 2002, cuando el tributo data de 1999, generó suspicacias en la Legislatura de la Ciudad. En primer término el diputado porteño Jorge Argüello (Partido Justicialista) pidió informes al respecto, pero luego, al no quedar satisfecho con la respuesta de la Dirección General de Rentas porteñas, promovió la citación de Alejandro Otero, director general de este organismo.
El proyecto de resolución fue acompañado por los legisladores Guillermo Oliveri, Jorge Srur y Silvia Gottero. "Esta ‘espera’ notoria en la percepción de un tributo específico llama poderosamente la atención, puesto que el error de la administración beneficia en forma grosera al particular, acentuándose paralelamente la gravedad del actual proceso económico", fundamentaron los diputados.
En aquel momento, en dialogo con NOTICIAS URBANAS, Otero tildó como un "error" aquella irregularidad. La misma se detectó a partir de que en Rentas se está realizando un relevamiento sobre este impuesto, debido a que, como la tasa de morosidad es cercana al cien por ciento, están pensando en intimar judicialmente a las empresas que no se acojan a un plan de pagos.
La "Contribución por el uso y ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública", es un impuesto que se le cobra fundamentalmente a las empresas de servicios públicos privatizados que utilizan los postes o los subsuelos porteños para desplegar sus cables. Metrogas, Edenor, Edesur, Telecom y Telefónica son las más morosas junto con Aguas Argentinas. En el caso de esta última la situación es diferente al resto porque la Ciudad, a su vez, mantiene una deuda con la empresa.
En tanto, la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, denunció que la deuda estas compañías tienen con el Estado de la Ciudad supera ampliamente los 40 millones de pesos. Curiosamente, en la resolución emitida el 24 de octubre por la Defensoría, se demostró que cuanto más grande era la compañía, menos fue lo que pagó en estos últimos años.
Las empresas morosas se dividen en cuatro grupos: las que cuestionan la potestad de la Ciudad parar cobrar esta tasa, las que eluden el pago depositando cifras menores a las que corresponden, las que reclaman que la Justicia interprete la forma en que se debe cobrar este impuesto -y el monto que les corresponde abonar- y las que nunca se acercaron a Rentas para interiorizarse sobre la deuda que mantienen con la Ciudad.
"Además de la pobreza de las respuestas del Poder Ejecutivo al pedido de informes en cuestión, que de por sí pone en dudas, por lo menos su eficiencia, por acción u omisión se ha permitido que estas poderosas empresas, que lucran legítimamente con la prestación de servicios en comunicaciones, no cumplan con sus obligaciones tributarias en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes. Evidentemente no se mide con la misma vara al ciudadano común que no paga su ABL o sus Ingresos Brutos y se le ejecuta en los Juzgados Contenciosos Administrativos", concluyeron los legisladores justicialistas.
