La masacre de San Miguel del Monte, sumado a otros episodios como el caso que derivó en la llamada “Doctrina Chocobar”, preocupan a distintos organismos de Derechos Humanos. Es por eso que pidieron que la Ministra de Seguridad sea separada de sus funciones, en coincidencia con el pedido de juicio político impulsado desde la oposición.
Entre otras cosas, remarcaron que Patricia Bullrich “ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri”. Mientras que desde los bloques opositores señalaron que es culpable de “gravísimas situaciones de violencia institucional promotoras de tanta muerte y de tanto sufrimiento”.
En este sentido, los organismos de DDHH advierten:
“Bullrich ha argumentado groseramente a favor del accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo, en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas fuerzas, implicados en graves hechos”.
Por tal motivo, entienden que la “ha violentado normativa preexistente para favorecer el uso indiscriminado y abusivo de las armas por parte de las fuerzas policiales, e incluso ha alentado públicamente el uso de armas en la población civil, contraviniendo compromisos nacionales e internacionales”, y por eso solicitan que sea apartada de su cargo.
"Los organismos de DDHH difundieron un documento en que le exigen al Poder Ejecutivo la inmediata separación de Patricia Bullrich de su cargo de ministra de Seguridad, como consecuencia de sus últimas declaraciones." https://t.co/cv5xSf8AAL
— APDH Argentina (@APDHArgentina) May 27, 2019
También consideraron que Bullrich “desconoce y contraría el fallo de la Cámara Federal de General Roca, en la causa por el asesinato del joven Rafael Nahuel”, y añadieron que “el cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho”.
