La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió hoy levantar el secreto de sumario que pesaba sobre la causa que se instruye para esclarecer los hechos ocurridos durante la represión policial del pasado 20 de diciembre. Lo hizo tras un pedido Alicia Pierini, Andrea Pochat y Luis Valenga, tres de los abogados patrocinantes de las víctimas.
Los letrados, que representan a dos de las personas que murieron en las cercanías de Plaza de Mayo a manos de la Policía Federal -Gustavo Benedetto y Diego Lamagna- y a cinco de los cientos de heridos que dejó esa jornada, presentaron el escrito juntos, aunque sin unificar personería.
El expediente consta actualmente de 20 cuerpos. Los abogados solicitaron acceder a los diez últimos (los diez primeros ya los habían visto) en los que figuran las indagatorias y las pericias, antes de hacer la presentación de las pruebas. También pidieron copias de los videos que los medios filmaron el día de la represión y sugirieron que se utilice la tecnología que posee la subsecretaría de Derechos Humanos nacional para escanear todo el expediente.
La tarde del 20 de diciembre, luego de una fuerte protesta que comenzó el día anterior -y que finalmente derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa-, la Policía Federal intensificó la represión que llevó a cabo durante toda esa jornada y disparó con postas de plomo calibre 12,70 contra los manifestantes, en las intersecciones de Avenida de Mayo y 9 de Julio, Avenida de Mayo y Chacabuco, y 9 de Julio y Sarmiento. Cinco muertos constituyeron el saldo de la acción. Sus nombres y edades: Diego Lamagna (27), Gastón Riva (30), Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (24), Alberto Márquez (57). Según la información proporcionada por el SAME, también falleció Rubén Aredes (31). Sin embargo, los datos que maneja el juzgado que tramita la causa indican que Aredes murió en un enfrentamiento en Ciudad Oculta.
Por los asesinatos y otros actos de violencia policial ocurridos ese día (que arrojaron un saldo de más de 180 heridos), la jueza Servini de Cubría -que instruye la causa en la que intervienen también los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore- le dictó la prisión preventiva al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a varios oficiales y suboficiales. Fuentes judiciales aseguraron que en las próximas horas se agregarían a la lista diez policías más, acusados de ser partícipes secundarios de la masacre.
Viene la FIDH
Paralelamente, Alicia Pierini -quien además, como diputada de la Ciudad, preside la comisión de Derechos Humanos del parlamento porteño y el cuerpo especial legislativo que investiga los hechos ocurridos el 20 de diciembre- afirmó que vendrán representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la organización "Derechos y Democracia". Entre este jueves y el 10 de marzo llevarán adelante una misión internacional conjunta que analizará la situación de los derechos humanos en Argentina, tanto de los derechos los civiles y políticos, como de los económicos y sociales.
La misión se realizará con la colaboración del Comité de Acción Jurídica (CAJ), la Liga Argentina de Derechos Humanos (LADH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), todas asociaciones argentinas miembros de la FIDH.
La FIDH es una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo promover la aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tal fin es compartido por "Derechos y Democracia", una agrupación canadiense con mandato internacional.
