La Ciudad de Buenos Aires tiene 149 concesiones y/o permisos vencidos, según los datos oficiales de la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, entre los cuales hay contratos que vencieron hace cinco años y otros hace diez años.
El dato indica que no sólo Jorge Telerman ignoró un llamado a licitación para renovar esos convenios, sino que ya desde que gobernaba Aníbal Ibarra nadie movió un dedo. Es más, tampoco hicieron mucho Fernando de la Rúa ni Enrique Olivera. Nobleza obliga: Telerman sólo ejerció el poder por un año y nueve meses, y los radicales, bueno…
¿Por qué? Ésa es la pregunta. Y tal vez la respuesta más acertada sea que a ningún profesional de la política le conviene enfrentarse al empresariado, esa representación sectorial que en cada elección y dependiendo del humor, suele hacer contribuciones pecuniarias, en algunos casos, notables.
Será parte de la herencia que recibirá el jefe de Gobierno electo, Mauricio Macri, con una ventaja: él es uno de esos empresarios.
Éste es un tema que se ha convertido en una brasa caliente para el macrismo. Por ejemplo, todavía no está decidido que la dirección que lleva estos temas vaya a seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda, y si no es así, de quién dependerá.
Es que no son muchos los honorables dispuestos a calzarse esa mochila al hombro. El futuro ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, está rogando que saquen ese instituto de su área.
Precisemos: la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones lleva un seguimiento y un control de las condiciones contractuales de cada espacio concesionado, ya sea directa o indirectamente. Esto puede incluir no sólo el cobro de cánones y la constatación de la prestación sino también el procedimiento para el otorgamiento del correspondiente permiso a través de la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para otorgar los permisos de uso de los predios o espacios del dominio publico.
Esa dirección, además interviene en la aplicación de multas y sanciones por incumplimientos contractuales y la correspondiente recuperación de los espacios a través de una desocupación administrativa.
Y tiene a su cargo el otorgamiento, seguimiento y control de los pequeños espacios concesionados en organismos oficiales a personas con necesidades especiales.
Algunos casos son para destacar. Por ejemplo, el de las empresas de control vehicular por estacionamiento indebido, un contrato que no solamente está vencido hace por lo menos cinco años sino que sigue siendo objeto de planteos judiciales (de las empresas con contrato vencido) contra el Estado municipal. Si esas maniobras prosperaran, la Ciudad tendría que desembolsar unos cuantos dinerillos. Y llama la atención el canon que pagan las dos compañías, Dakota y BRD, que se reparten toda la Ciudad de Buenos Aires en partes iguales y ganan fortunas. Las dos le dan a Estado porteño… mil pesos por mes: una bicoca.
Los locales de Costanera Norte. Por ejemplo, la sede del restaurante “El Padrino” paga de canon 9.700 pesos, la concesión está vencida, pero luego de que su dueño fuera intimado, un bufete de abogados interpuso un recurso de amparo y chau picho. El restó “Hereford”, que paga 6 mil pesos de canon, está en la misma situación. Y los responsables del local donde funcionaba “Los Años Locos” (hoy “Aquellos Años”), están en juicio con la Ciudad. En el medio, un concurso preventivo. El complejo Parque Norte paga un canon de 1.500 pesos: está en trámite judicial.
El campo de golf también tiene el contrato vencido, pero está sujeto a subasta, y el restaurante que funciona ahí está en situación similar: paga un canon de mil pesos y hay una licitación en trámite.
Los locales ubicados en el pasaje subterráneo de Carlos Pellegrini y Lavalle, cuyas concesiones en su mayoría están vencidas, pagan a la Ciudad un promedio de 200 pesos mensuales: otra bicoca.
Las playas de estacionamiento que funcionan debajo de la autopista 25 de mayo (las de Parque Chacabuco, entre otras muchas), siguen funcionando… con el permiso vencido desde el 2001. Las playas que funcionan en Catalinas tienen solicitud de prórroga; la de Dorrego y Avenida del Libertador y la de Avenida Corrientes al 436, todas tienen solicitud de prórroga.
Pero sin dudas, el gran tema es el mobiliario urbano. El Gobierno porteño, en julio de 2006, llamó a una licitación pública para la concesión de la fabricación, provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano por diez años. Ésa fue la tercera vez que se intentó otorgar el permiso, ya que las convocatorias se cancelaron en 2005 y 2006.
Se presentaron ocho oferentes: el Grupo Sur UTE (Marion Diaz e hijos); Publicidad Sarmiento S.A.; PC Publicidad; Augusto Spinazzola; Carlos Girola SR; Viacart S.A:; la UTE Lesko Sacifia Maillard y America TV. Pero la licitación quedó paralizada a principio de 2007. Y la explicación oficial no abundó.
Los permisos de las actuales concesionarias están vencidos, pero continúan dando prestación. Esos permisos fueron renovados hasta que se llame a una nueva licitación. Así, la compañía Rainbow S.A. UTE, hace uso de las pantallas publicitarias de toda la Ciudad, al igual que Wellon S.A; el permisionario José Terranova continúa con las pantallas iluminadas (chupetes); la empresa Ing. Augusto Spinazzola tiene los refugios peatonales con publicidad en vía pública, y Lesko-Trabacar UTE, la señalización vertical para la misma publicidad.
Por esta situación están pasando 29 permisos de calesitas en diferentes plazas, que siguen pagando un canon que nunca supera los 400 pesos.
Es el caso también del edificio donde está el hospital CEMIC, en Avenida Las Heras 2900; el Parque Tres de Febrero o Jardín Japonés y el Panteón de Nuestra Señora de la Merced, en el cementerio de la Chacarita.
