Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley que busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
El proyecto esta siendo tratado este martes en el anexo de la Cámara baja, en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO), y de Justicia, a cargo de Diego Mestre (UCR). En ese marco, el oficialismo buscará emitir dictamen de un texto que fue unificado entre diferentes proyectos presentados por los diputados Silvia Lospennato (PRO), Claudio Doñate (FPV-Río Negro), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Lorena Matzen (UCR- Río Negro), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Elisa Carrió (Coalición Civica), al que se sumó otra iniciativa de Luis Petri (UCR-Mendoza), entre otros.
La iniciativa busca que se incorpore al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos 23.298 un inciso en el que se incluya la prohibición para postularse a los condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejerc icio de funciones públicas.
También, se buscará imposibilitar las candidaturas de quiénes hayan sido responsables de exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Nación, según el texto. De acuerdo al borrador del texto, se establece además que “el supuesto previsto en el presente inciso se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso, hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Se trata de una iniciativa que había logrado dictamen en 2017 en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo contó con el respaldo de bloques afines y además del Frente Renovador, hoy aliado con el kirchnerismo en el Frente de Todos, que en esa oportunidad no había apoyado el texto. El pedido de discusión de esta iniciativa, que había quedado pendiente en el Congreso desde hace por lo menos un año, fue promovido también por la organización Change.org, mediante una campaña de recolección de firmas, que ya sumó 255.000 adhesiones en su plataforma.
