Según un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, uno de cada tres chicxs del Conurbano bonaerense sufre problemas para acceder al agua potable y mantiene una alimentación satisfactoria.
El informe fue elaborado por la UCA para la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino.
El informe técnico “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados” especifica la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación.
El trabajo reveló que la Inseguridad Alimentaria Severa (IAS), junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total a nivel país urbano como en el Conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018.
Según la UCA, la Inseguridad Alimentaria Total (IAT) expresa haber reducido la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos En tanto, que la Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) incluye a los que experimentaron “hambre” por falta de alimentos en el último año.
La asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país, aunque en el Conurbano 4 de cada 10 jóvenes con IAS no reciben ningún tipo de asistencia alimentaria. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños en edad de escolarización primaria. A su vez, la tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños de edad preescolar y para los adolescentes. El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños no escolarizados y los adolescentes.
“La falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental para desarrollarse es tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad. Además, es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable. Por lo tanto, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama”, agregó Lorenzino.
En este contexto el exviceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reclamó la declaración de la Emergencia Alimentaria.
“Las medidas son sueltas, desarticuladas de la economía. Los más pobres tienen problemas de hambre, hay 300 mil nuevos desocupados. La situación de los sectores populares es muy complicada”, analizó el diputado nacional de la oposición.
