En medio de una acelerada incertidumbre socio-económica, producto del fracaso electoral de Cambiemos en las PASO, aparece sorpresivamente el 26 de agosto el decreto 591/2019 del Gobierno de Mauricio Macri que modifica la normativa en materia de la importación de residuos.
El objetivo esgrimido para esta medida es reformular y adecuar los artículos que se encontraban desactualizados de una disposición del año 1992 en torno a los desechos peligrosos. Lo cierto es que con el nuevo decreto se permite el ingreso de basura sin la certificación de su inocuidad sanitario y ambiental y la importación de mercaderías obtenidas a partir de la valorización de residuos que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica (desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa y de aluminio, material plástico, cascote de vidrio, entre otros).
La ambigüedad generada por el decreto ocasionó la previsible polémica. No queda claro si el objetivo de esta medida es la renovación de normativa obsoleta o la importación de basura sin los debidos controles, cuando a nivel mundial los países vienen justamente restringiendo el ingreso de residuos.
Las sospechas son válidas. El Gobierno de Cambiemos nos tiene acostumbrados a una regresión en la adquisición de derechos ambientales. Desde el Ejecutivo Porteño se viene retrocediendo sobre los postulados de la Ley de Basura Cero (N° 1.854/2007), que crea un sistema integral destinado a la reducción, recuperación y reciclaje. Las metas de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos allí establecidas fueron incumplidas sistemáticamente. Recordemos que la ley tomaba como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004 (1.497.656 toneladas anuales; 4.103 ton/día). Como respuesta, el gobierno porteño sancionó en mayo de 2018 la Ley ° 5966, introduciendo dos cambios principales.
Por un lado, sincerizó los incumplimientos de las metas pasadas (ej: en 2018, en lugar de las 350 mil toneladas especificadas en la Ley de Basura Cero, se mandaron 1,101 mil toneladas al relleno sanitario) y fijó nuevas metas ajustadas a los valores de la realidad (tomando como base la basura enviada al CEAMSE en 2012 cuando la cifra era de 2.131.078,4 ton/a., equivalente a 5.839 ton/día).
Por el otro, introdujo el concepto de “termovalorización” en el sistema de disposición final de los residuos, cuando el procedimiento de la incineración debería usarse en última instancia para materiales no reciclables.
En este contexto, nos preocupa que se importen materiales contaminados en forma indiscriminada que luego acaben siendo quemados en una planta de incineración en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Coincidimos que los residuos pueden constituir en muchos casos recursos necesarios para la industria nacional, pero en Argentina disponemos de un excedente de residuos reciclables que terminan en los rellenos. No estaríamos necesitando introducir más basura de la que ya tenemos.
Desde nuestro espacio, entendemos que los residuos componen un problema muy complejo en la Argentina que involucra muchos actores. Resulta incomprensible que en la coyuntura actual se modifique una normativa de esta índole sin su debido tratamiento en el poder legislativo e integralmente con otras leyes – como la ley de envases y la de responsabilidad extendida del productor – y con la participación y el debate de todos los involucrados y afectados: la industria, los cartoneros, las organizaciones ambientales, los expertos técnicos, entre otros.