El fiscal Gabriel De Vedia, a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N°3, emitió un dictamen en el que solicita que se suspenda el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/201. Ahora deberá ser un juez laboral quien decida a favor o en contra del DNU.
De esta forma, De Vedia dio lugar a un pedido presentado por el Colegio de Abogado de la Capital Federal, en contra de la norma presidencial. El decreto en cuestión, en principio, cambia la forma de calcular el monto que deben recibir por parte de las ART los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad debido a su trabajo.
Hasta el momento, esas indemnizaciones se calculaban en base a la tasa activa del Banco Nación, mientras que si entrase en vigor el DNU el cálculo se realizaría en base a la tasa de Remuneraciones Imponibles promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), que sería desfavorable para los empleados en relación de dependencia. Por el momento el dictamen no es vinculante, ya que se debe esperar lo que falle la Justicia laboral. Además, aún no se expidió al respecto la Bicameral del Congreso que debe validar o rechazar los decretos presidenciales.
“Por las convenciones a las cuales nuestro país sucribió, vos no podés quitarle derechos a la población. Y, en el caso de los trabajadores, tienen garantizados los derechos en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución”, afirmó el abogado laboralista Juan Pablo Godoy Vélez, de la agrupación Encuentro de Abogados Independientes.
“En lo que tiene que ver con las formas republicanas, el Poder Ejecutivo no está para legislar y el carácter institucional que tienen los DNU es que debe haber una urgencia y acá no hay urgencia. No hay ninguna ART que esté por quebrar ni nada por el estilo”, añadió el letrado. Más allá de que el recurso que estimó en este caso el fiscal De Vedia fue el presentado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, la organización que preside Godoy Vélez también presentó un amparo, pero lo hizo ante el fuero Contencioso Administrativo.
