El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este domingo que comenzará un proceso para reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, luego de 24 días de conflictos políticos y sociales que se viven en el país.
Tras las protestas en Chile, de las cuales muchas de ellas tuvieron finales muy violentos con saqueos e incendios perpetrados por jóvenes radicales, una mayoría de las encuestas ponen en común en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como Chile Despertó supera el 75%. En tanto, un porcentaje similar pide una nueva Constitución.
Por esto, el gobierno de Piñera anunció el domingo en la noche su voluntad de empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un “Congreso Constituyente”, con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
El anuncio fue confirmado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras una reunión en la casa del presidente Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha.
Precisamente estas agrupaciones políticas habían sido hasta ahora las más reticentes a un cambio profundo de la carta fundamental heredada de la dictadura de Pinochet (1973-90).
La actual Constitución está vigente desde 1980 y ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.
Sin embargo, el texto no establece como responsabilidad del Estado el ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de los pilares que reclaman los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
Este lunes es la cuarta semana de manifestaciones en Chile y se suma una huelga general del sector público convocada desde el lunes a la medianoche, en medio de una crisis sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, que ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado-, más de 1.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
“Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país”, dijo Blumel tras la reunión.
El ministro del Interior agregó que consideraban ahora que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con “una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio”.
El gobierno retomó la idea de alcanzar un pacto social en el que sumen todos los sectores sociales y políticos de Chile, tras las protestas de ciudadanos hastiados por un modelo económico de amplia apertura al mercado que, aunque ha sido exitoso, ha fracturado a la sociedad por la desigualdad en la riqueza y el acceso a oportunidades.
“Cualquier cambio constitucional requiere de acuerdos amplios y profundos, y por ello tenemos que convocar a todos los sectores, con humildad, pero también con la capacidad de dialogar”, indicó Blumel sin precisar plazos.
Algunos líderes de la oposición reaccionaron con optimismo. “El Gobierno empieza a tener un sentido de realidad”, detalló el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, del Partido Por la Democracia (PPD, centro izquierda).
La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos en los que haya diferencias graves con el Parlamento.
Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está “definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar”, precisar “las obligaciones del Estado” y crear “mejores mecanismos de participación” ciudadana.
Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
