La comisión bicameral que sigue de cerca la implementación del nuevo Código Procesal Penal activó una nueva resolución que pone mayores condiciones para dar luz verde al régimen de la prisión preventiva, mecanismo que generó varias polémicas durante la gestión macrista.
Según el nuevo Código Procesal, la prisión preventiva debe aplicarse cuando no fueren suficientes para asegurar el proceso otras medidas coercitivas más leves -por ejemplo, la vigilancia electrónica con tobillera- y fija además pautas concretas para determinar cuándo existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, requisitos centrales para la detención sin condena.
La resolución suscripta en la última reunión del año deberá ser publicada en el Boletín Oficial para que entre en vigencia a partir del tercer día hábil posterior de la fecha de su publicación.