A una semana de la autoproclamación como presidenta de Bolivia de Jeanine Añez, la situación en Bolivia sigue agravándose y ya son 24 las víctimas fatales, en el marco de las protestas y la represión por parte de las fuerzas militares.
Por su parte, Áñez tomó una serie de medidas que echan por tierra varios de los pilares de la política del derrocado Evo Morales y sus 13 años en la Presidencia del país. Dichas medidas arrasaron con conquistas o políticas de Estado adoptadas durante los gobiernos de Morales (2006-2019).
Uno de los primeros pronunciamientos del Gobierno de facto de Áñez estuvo centrado en Venezuela. La mandataria reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” del país suramericano y, a través de un mensaje de Twitter, lo invitó a designar a un embajador en Bolivia.
Sobre el final de su primera semana de Gobierno, Áñez fue un paso más allá y comunicó su decisión de romper relaciones con Venezuela. La ministra de facto de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, acusó la misión diplomática venezolana en Bolivia de “haberse involucrado en asuntos internos del Estado” y dispuso la expulsión del país de los funcionarios.
Chau, ALBA y Unasur
El primer viernes del período de facto también fue día para que Longaric anunciara el retiro de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el bloque fundado en 2005 por Venezuela y Cuba y del cual Bolivia era miembro desde 2006.
El ALBA había sido conformado como una alternativa bolivariana al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), un acuerdo impulsado por EEUU que no logró aceptación entre los países latinoamericanos.
Longaric también informó en la misma rueda de prensa sobre la decisión del Gobierno de facto de Bolivia de abandonar la Unasur, el bloque político suramericano fundado en 2004 y que funcionó activamente hasta 2018, cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron su decisión de suspender su participación.
El catolicismo vuelve a Bolivia
La reforma constitucional de 2009, impulsada por el entonces presidente Evo Morales, eliminó el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del Estado boliviano y estableció que “el Estado es independiente de la religión”.
Sin embargo, todo cambió en la primera semana del Gobierno de facto. El mismo día de su autoproclamación, Áñez se mostró en público sosteniendo una biblia católica y exclamando que “Él [Dios] ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio, que él nos bendiga”.
Carta blanca para militares y policías
Mientras la comunidad internacional reclamaba por el cese de la represión contra los manifestantes en contra del golpe de Estado, el Gobierno de facto se despachó con un decreto que habilitó a los efectivos militares a reprimir sin ser juzgados luego por sus acciones.
Se trata del sargento primero Juan José Alcón, quien quedó internado en un hospital de La Paz luego de recibir una golpiza en el saqueo al Comando Policial de la ciudad de El Alto, aledaña a la capital, informó el diario paceño Página Siete. Alcón se convirtió en la víctima fatal número 24.
Mientras tanto, la ciudad de Sacaba, en el departamento Cochabamba, fue escenario de nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías en una jornada que lució calma en el resto del país.
Allí, una columna de cocaleros que pretendía acceder a la plaza principal de la ciudad lanzó piedras, explosivos y otros objetos al cordón policial que pretendía impedirlo, y los uniformados respondieron con gases lacrimógenos.
Según testimonios citados por Página Siete, los policías rescataron a un cabo que vestía de civil y había sido retenido y golpeado por los manifestantes, quienes lo acusaban de “infiltrado”.
El periódico reportó que unas 30 personas fueron detenidas en esos disturbios y que no había datos oficiales sobre la cantidad de heridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que las protestas iniciadas el 20 de octubre pasado habían dejado hasta el domingo 23 muertos y 715 heridos.
