El gobierno interino de Bolivia y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron el domingo a un principio de acuerdo para pacificar el país, que incluye el repliegue de militares de lugares no estratégicos y la derogación de una polémica ley que había dado inmunidad para el uso de la fuerza.
Además, se espera que hoy la presidente interina, Jeanine Añez, promulgue la ley aprobada en el Congreso que anula las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y prevé la convocatoria a una nueva votación, sin la participación del ex presidente Evo Morales. Ambos acuerdos marcan un avance hacia la pacificación del país, con el objetivo de poner fin a semanas de disturbios que han dejado 32 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde las elecciones que le dieron un cuarto mandato consecutivo a Morales, pero que fueron denunciadas por fraude.
El proyecto de “Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano” fue discutido hasta la madrugada entre Añez y las organizaciones sociales y sindicales y se prevé que ambas cámaras del Congreso lo aprueben antes de las 17:00 hora local (2000 GMT) del domingo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
El texto consensuado tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de “líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades”, informa el diario boliviano Los Tiempos.
Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano. pic.twitter.com/MZuZ1MSQXy
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 24, 2019
También incluye un artículo que brinda garantías para que se juzgue a cargos públicos. “Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044”, señala. Dicha Ley 044 y sus artículos mencionados marcan en qué situaciones pueden ser sometidos a proceso un presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto original del MAS pretendía incorporar explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no pudieran ser procesados en la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en el texto consensuado ya no se menciona a estas dos personas, sino sólo se limita a ratificar la Ley 044.
El proyecto consensuado también garantiza que asambleístas no serán hostigados y que ellos y los dirigentes sociales tendrán asegurado el ejercicio de sus derechos. Dichas personas, sus familiares y propiedades podrán tener servicios de seguridad tras una denuncia verbal.
La propuesta prevé además la puesta en libertad de los detenidos que no tengan acusaciones en su contra. También se investigará las muertes en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a antiguas autoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados. Se pactó también dar indemnización a familias de los fallecidos y que el Estado se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones posteriores al 21 de octubre.
Por otra parte, los hijos de Evo Morales llegaron el sábado a Argentina para “brindarles seguridad”.
