La primera semana de Alberto Fernández en la Casa Rosada transcurrió con un ritmo febril. Se reunió con el gabinete; recibió a los gobernadores –oficialistas y opositores, hay que destacar-; estuvo con el CEO de Google, Philipp Schindler; se encontró con la futbolista Macarena Sánchez, que será la responsable del Instituto Nacional de la Juventud; recibió al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; negoció con los responsables de los laboratorios medicinales una rebaja; encabezó el acto en el que se lanzó el Acuerdo Social y Productivo para el Sector Automotor 2030 y, justo antes del cierre de esta edición, almorzó con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a los que les espetó que “no conozco capitalismo sin consumidores”.
Los primeros objetivos del nuevo presidente tienen que ver con desarmar una larga serie de mecanismos que implementó el gobierno precedente, que dieron origen a esta situación económica y social explosiva que vivimos por estos días los argentinos. Por esta razón, el martes Fernández suspendió el Pacto Fiscal que Mauricio Macri firmó con las provincias, que los obligaba a rebajar y hasta eliminar algunos impuestos, como el de Ingresos Brutos, una solución que sólo puede ser efectiva si el país navegara en las aguas de la prosperidad y no como ahora, en las de una crisis profunda, sin mercado interno, sin industrias, ni empleo.
En el mismo sentido, el presidente envió este martes -17 de diciembre- el paquete de medidas que tituló Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. El paquete incluye la declaración de las emergencias Económica, Social y Sanitaria; la imposición de Retenciones; un impuesto del 30 por ciento a los dólares destinados a atesoramiento o para la adquisición de servicios en el exterior y excluye del recargo a los que adquieran libros, medicamentos y utilicen plataformas educativas; un aumento al impuesto de Bienes Personales; la imposición de la doble indemnización por despido; el congelamiento de las tarifas por servicios públicos hasta el 30 de junio; la moratoria para las Pymes que sostengan deudas, de las que se excluyen las moras en el pago de las ART, de impuestos por combustibles y de juegos de azar y la adjudicación de un bono de $5.000 a cobrar en diciembre y en enero para los jubilados, medida acompañada con una retribución excepcional de $2.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
En el paquete no se incluyó modificación alguna para el Impuesto a las Ganancias, pero sí se le otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de anunciar antes de fin de año un aumento para las jubilaciones, los salarios y los planes sociales.
Tanto despliegue de energía, tanta actividad continua, obedece a la necesidad de desmontar, más que una serie de medidas que fueron el emblema de los cuatro años de Cambiemos en el poder, a la necesidad de Alberto Fernández de construir una nueva realidad que permita que su relato reemplace a la cultura que durante cuatro años se basó en la contracción del gasto público para permitir que el sector privado impusiera sus valores y sus intereses.
Los primeros cortocircuitos
La negociación fue tan dura y el trámite tan áspero, que el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dejó jirones de su poder en manos de Gustavo Béliz, que se estaría convirtiendo en el principal hombre de consulta de Fernández en la Casa Rosada.
El jefe de Gabinete había afirmado en el fin de semana que no se iban a congelar tarifas –lo que sí ocurrió, finalmente- en declaraciones al diario La Nación, lo que motivó la molestia de la cúpula gubernamental y provocó que perdiera algunas áreas claves de poder, que quedaron casi todas en manos de Béliz.
Al día siguiente de las declaraciones de Cafiero, el presidente lo contradijo y el martes el ministro de Economía, Martín Maximiliano Guzmán anunció el congelamiento de tarifas por 180 días, junto con la implementación del impuesto al dólar, otra medida que Cafiero también había negado anteriormente.
Entretanto, en el Congreso, el interbloque de Cambiemos primero anunció que bloquearía la sesión en la que se aceptaría la renuncia a los diputados que asumieron funciones de gobierno y luego tomaría juramento a sus reemplazantes. Ante la protesta de los gobernadores de su propio sector –los radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés-, finalmente los presidentes Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) dieron marcha atrás con la propuesta y anunciaron que darán el quórum para la jura, aunque mantuvieron su posición de no otorgarlo en la segunda sesión, en la que se tratará el paquete de medidas anticrisis enviado por la Casa Rosada.
De todos modos, tras febriles negociaciones, voceros del peronismo aseguraban que lograron el número necesario de votos para iniciar la sesión en la que se debatirá la Ley de Emergencia Pública.
En el camino quedaron algunas frases que muestran como nunca la crisis política que arrecia en el polo que hoy se debate en la oposición. Patricia Bullrich, la futura presidente del Pro acusó al Frente de Todos porque, según ella “cambiaron República por monarquía”.
Por su parte, el gobernador jujeño Gerardo Morales tuiteó que “no estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente”, desautorizando a sus diputados que horas antes anunciaban que harían precisamente eso.
El gobernador mendocino Rodolfo Suárez, mientras tanto, tuiteó también –pareciera que la política se practica en estos tiempos sin cuerdas vocales- en el mismo sentido que su colega jujeño. “Hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno”.
Asombrosamente, desde el interbloque opositor anunciaron el miércoles al mediodía que están “en desacuerdo con la ley de ‘multi emergencias’ que envío el Gobierno nacional, ya que conlleva el desguace de las facultades del Congreso” pata justificar su ausencia en la sesión en que se tratará. ¿Son estos legisladores los que formaron parte de un gobierno que utilizó permanentemente los decretos de necesidad y urgencia y que hasta intentaron designar por esa vía a dos jueces de la Corte Suprema?
Como colofón, quedaron las palabras del diputado tucumano José Cano, que en un rapto de crisis cerebro-vascular le expresó al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo que “el diagnóstico que usted hace con respecto a los chicos petisos y gordos tiene que ver con una cuestión cultural muy arraigada en el norte, con el consumo de harinas y de fideos”.
