El macrismo suma imputados, ahora les tocó a Sica y a Buryaile

El macrismo suma imputados, ahora les tocó a Sica y a Buryaile

El fiscal Jorge Di Lello imputó al exministro de Producción y Empleo y al diputado nacional de Formosa, por irregularidades en el manejo de un subsidio.


A muy pocos días de dejar el Gobierno, el macrismo ya tien cuatro imputados en distintas causas judiciales. Hace dos semanas se conocieron las imputaciones de Laura Alonso y Juan José Aranguren, ahora les pasó lo mismo a otros dos integrantes del gabinete de Mauricio Macri.

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al exministro de Producción y Empleo y al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones.

Buryaile, exministro de Agroindustria, resultó electo diputado nacional en la elección pasada y en la denuncia se lo sindica como un eventual beneficiado de la supuesta manipulación del bono para desempleados.

El fiscal Di Lello también imputó al exsecretario de Empleo de la Nación Fernando Premoli, al delegado de la Agencia Territorial de Formosa de la Secretaría de Trabajo de Nación en esa provincia, Germán Villalba, y al delegado de Anses en ese distrito, Diego Herrera, entre otros.

El fiscal le requirió a la jueza María Servini que se investiguen las maniobras denunciadas que darían cuenta de que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.

“Prácticamente el 50 por ciento de los fiscales de la alianza transitoria Juntos Por el Cambio” de Formosa “fueron beneficiados por el subsidio bajo estudio”, sostuvo el abogado formoseño que denunció la maniobra, Williams Caraballo, según reprodujo Di Lello en su requerimiento.

Las listas de los beneficiarios, que fueron exhibidas en las sedes donde se efectuaron los pagos, fueron examinadas por el denunciante que las comparó con las firmas de las actas de las elecciones para arribar a la conclusión de que pudieron haber sido utilizadas para financiar fiscales.

 

 

 

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