En la Legislatura porteña se aprobó este jueves una resolución en la que se pide al Gobierno de la Ciudad que informe acerca de las acciones de control y fiscalización del servicio de transporte público de subterráneos.
La resolución, originada por el peronista Rodrigo Herrera Bravo (Frente Compromiso para el Cambio), cuestiona que se haya permitido que sea la Nación la que tome decisiones sobre bonificaciones en las tarifas del subterráneo. "Cuando unos meses atrás el ministro de Planificación, Julio De Vido, fijó una tarifa diferencial para el boleto de subte de 20 centavos para los beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar, en realidad accionó por encima de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Al permitir esto, el jefe de Gobierno está renunciando al derecho que le otorga la ley de hacerlo él", declaró Herrera Bravo.
Desde el despacho del legislador macrista se sostiene que como en el contrato de concesión firmado en 1993, por el gobierno de Carlos Menem, la Ciudad de Buenos Aires fue la designada como autoridad de aplicación en el servicio, incluyendo las potestades tarifarias y de control. Además, señalan que la ley porteña 373, de 2000, y el decreto 393/99 del Poder Ejecutivo Nacional, le atribuyen a la Ciudad la competencia de fijar la tarifa del servicio de subte.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento porteño, a cargo de Roberto Feletti, negaron que fuera así. Indicaron que en el contrato de concesión se preveía el traspaso del control a la órbita de la Ciudad, que aún no se realizó, y que en las normas citadas por Herrera Bravo se manifiesta la voluntad de efectivizar la cesión de potestades. En este sentido, las mismas fuentes informaron que las negociaciones con la Nación no están estancadas, sino que se mantienen mesas de dialogo que también incluyen los derechos que el distrito tiene sobre el Aeroparque y los terrenos linderos a los ferrocarriles, entre otros.
"El subte es utilizado por una gran cantidad de ciudadanos, por lo que resulta prioritario que todas las funciones que le son propias al Gobierno de la Ciudad sean llevadas a cabo de la mejor forma a fin de asegurar el mejor funcionamiento de éste medio de transporte", expresó Herrera Bravo.
En este mismo sentido, hace tres meses, cuando hizo publico su reclamo por la transferencia de ciertas potestades, Feletti había dicho: "El traspaso del control y la fiscalización, previsto hace ya más de 10 años por las normas legales, es necesario también por la realidad actual del transporte público de pasajeros en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, así como para defender el mejor interés de los vecinos de la Ciudad, propiciando un más eficaz control sobre un servicio público que se desarrolla en su totalidad en el ámbito de esta jurisdicción".
