Los legisladores del bloque del Frente de Todos Laura Velasco, María Bielli, Roberto Santiago y Cecilia Segura participaron el viernes de una mesa de diálogo con organizaciones sociales que luchan por el derecho a la vivienda digna en la Ciudad. La reunión se realizó en el marco de la movilización hacia la Legislatura llevada a cabo por estas organizaciones la semana pasada, a fin de entregar una nota dirigida a la Comisión de Vivienda en la que se proponía declarar “la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires” y que “se arbitren todas las medidas necesarias para que no existan más personas viviendo en las calles”.
Entre los principales planteos que surgieron durante el encuentro aparece la necesidad de construir un espacio plural de trabajo permanente entre las organizaciones y los legisladores que aglutine toda la problemática habitacional que hoy tiene la Ciudad, que proponga leyes y lleve adelante acciones concretas. También se propuso generar un protocolo para los casos en que la emergencia habitacional es una consecuencia de situaciones de violencia de género.
Los diputados del Frente de Todos se comprometieron a continuar con un esquema de trabajo conjunto que permita establecer una agenda común para frenar los desalojos, avanzar en la resolución de la emergencia habitacional en la Ciudad, que se cumpla con la Ley 341 – de instrumentación de políticas de acceso a la vivienda para hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional- y dar respuesta a la implementación de la Ley 3.706 de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. La próxima reunión se realizará el próximo 13 de enero en la Legislatura porteña.
Entre las organizaciones presentes podemos mencionar La Boca Resiste y Propone, Proyecto 7, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Barrios de Pie, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, FOB Autónoma, el Gomero, CIBA, Abriendo Caminos, Coordinadora de Villas y Mesa participativa por la urbanización de la villa 31 y 31 bis, Casa Santa Cruz, Acción PSC, Asamblea Popular Plaza Dorrego, Partido Obrero, No tan distintas, Amigos en el Camino, MTE, muchas de las cuales participaron del Segundo Censo Popular de Personas en situación de calle realizado durante el 2019.
Si bien el artículo 31 de la Constitución porteña habla de resolver déficit de vivienda, incorporar inmuebles ociosos y regular establecimientos que brindan alojamiento temporario, la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit habitacional que alcanza el 20% de su población y uno de cada diez es un inmueble ocioso. Cada año unas 5 mil familias son desalojadas. Según cifras del último censo popular, hay 7.251 personas en situación de calle en la ciudad, de las cuales 5.412 no tienen acceso a paradores ni establecimientos con convenio con el Gobierno porteño y 841 son niños.
En la carta que las organizaciones entregaron a los legisladores se denuncia que para acceder “al subsidio habitacional en el marco del decreto Nº 690 y modificatorias, hay que estar efectivamente en la calle, ya no alcanza con presentar la orden de lanzamiento de desalojo. Se recibe entre 5 mil y 8 mil pesos, sumas que están lejos del valor actual de los alquileres, aún del mercado informal (inquilinatos, piezas en villas, etc.)”. El monto promedio del subsidio es de 6.476 pesos. Además, asegura que “los pretendidos procesos de integración Socio-Urbana de villas llevados adelante por el Gobierno de la Ciudad” son las políticas habitacionales que “consisten en el endeudamiento de sus habitantes, para lograr su expulsión a corto, mediano o largo plazo”.
