Mal que les pese al dictador Nicolás Maduro, y a quienes con su silencio en el continente latinoamericano avalan el golpe parlamentario en Venezuela para evitar la instalación anual de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó sigue siendo a los ojos del mundo el presidente encargado del país y de la Junta Directiva
del cuerpo con el apoyo mayoritario de los diputados que integran el cuerpo.
Resulta a todas luces deleznable la orden de Maduro de militarizar la zona del edificio de la Asamblea e impedir con violencia que Guaidó ingresara junto a un centenar de diputados para inaugurar las sesiones anuales.
Guaidó fue reelecto por 100 de los 167 miembros de la Asamblea reunida en la sede del diario El Nacional. El funcionamiento del cuerpo como institución es legítimo en cualquier lugar físico donde se reúna, en tanto la toma por la fuerza del hemiciclo parlamentario configura una discutible imagen de poder en favor del oficialismo, según coinciden en marcar los medios locales.
El objetivo de Maduro de aniquilar definitivamente a la Asamblea Nacional fue un acto fallido de la prepotencia del régimen chavista ya que, sin importar la sede, el reglamento interno y de debates del organismo señala que las sesiones anuales se inauguran bajo la conducción de su presidente, en este caso Juan Guaidó.
La violencia extrema del régimen fue la causante de que la Asamblea no pudiera reunirse en su lugar habitual, atropellando a diputados y diputadas del órgano legislativo, quienes fueron agredidos en el asalto al parlamento, pero ello no significa que la Junta Directiva no siga funcionando encabezada por su verdadero presidente.
La usurpación en forma paralela de las funciones de esa junta, por parte de legisladores expulsados de sus propios partidos políticos pero avalados por el oficialismo chavista, es la muestra cabal de la ilegitimidad de sus autoproclamaciones. Es el caso concreto del dirigente Luis Parra, expuesto a la luz pública por su propio desprestigio.
Venezuela parece condenada a elastizar su historia con este nuevo capítulo, cuyas aristas exhiben por enésima vez los moldes del avasallamiento sobre los derechos constitucionales, democráticos y republicanos que, afortunadamente,
conserva la inmensa mayoría de los países latinoamericanos que la rodea.
El pronunciamiento en contra de este golpe parlamentario es ineludible para cualquier gobierno que se precie de respetar el sistema democrático y de rechazar el uso de la violencia en el ejercicio de la política.