El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a cargo de su titular, la exdiputada Victoria Donda, respondió a las declaraciones del excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, sobre las familias inmigrantes que habitan y trabajan en el conurbano bonaerense.
En diálogo con Radio con Vos, el exsenador nacional de Argentina Federal había dicho que el “conurbano bonaerense” era una muestra de las consecuencias del “ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”, cuyos ciudadanos “demandan salud pública, alimentos, planes y Asignación Universal por Hijo (AUH)”.
En respuesta, el INADI consideró que no se podían tomar como “ingenuas” las declaraciones de Pichetto, en un contexto “delicado” del país, con “niveles récord de pobreza”, según detalló en un comunicado difundido este martes.
A su vez, manifestó que “las personalidades políticas que hacen estas aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada” y por lo tanto “no pueden desconocer su impacto social y político”.
“La Argentina que estamos intentando reconstruir necesita de todes para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrenten la situación de manera seria y sincera”, ratificó el instituto conducido por Donda.
Por último, advirtió que “se iniciarán actuaciones correspondientes” en relación a las declaraciones del ex senador y subrayó la necesidad de “dar cumplimiento de las garantías constitucionales vigentes y de las leyes que promueven la libre circulación de personas en el continente y el mundo”.
Los dichos de Pichetto no son aislados. Ya en septiembre de 2019 se había despachado contra Vanessa Gómez Cueva, la ciudadana de origen peruano que vivió durante 15 años en Argentina y en 2013 fue condenada en un juicio abreviado por venta de estupefacientes.
Repudio a las declaraciones xenófobas de Miguel Ángel Pichettohttps://t.co/yuIqK6uKUn
— ? Victoria Donda Perez ? (@vikidonda) January 14, 2020
Al cumplir su condena, la mujer comenzó estudios terciarios y se recibió de enfermera, pero en 2015 la Dirección Nacional de Migraciones, ya con Mauricio Macri al poder, ordenó expulsarla del país sin considerar que tenía dos hijos menores de edad.
En aquel entonces, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió que se levante la prohibición de ingreso al país debido a que se trataba de un “daño irreparable a sus derechos de integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños”.
Llegado septiembre del año pasado, Migraciones anunció que “por razones excepcionales de índole humanitaria” la prohibición era levantada. Sin embargo, el ex compañero de fórmula de Macri consideró que los argentinos estaban “enfermos” por permitir esta situación.
“Está mal esto, todo el mundo es solidario con la peruana, es algo increíble”, se quejó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.
