La diputada Alicia Pierini presentó nuevos elementos en la causa que se le sigue a varios funcionarios del Consejo de la Magistratura. El miércoles de la semana pasada entregó un escrito en el juzgado que tramita el expediente -el de instrucción en lo Criminal Nº 12, a cargo del juez Ricardo Warley- en el que reordena los hechos denunciados, agrega detalles y adjunta nueva documentación.
En la causa están implicados los consejeros Juan Octavio Gauna y Gloria Bonatto y los directores de Ejecución Presupuestaria Norberto Urfeig y Jorge Luis Suárez. A todos se los acusa de incumplir los deberes de funcionario público, defraudar a la Ciudad, malversar fondos y cometer abuso de autoridad. A esto se le suma, en los casos de Urfeig y Suárez, el haber presuntamente realizado negociaciones incompatibles con sus funciones. A su vez, al último también se lo acusa de usurpar títulos y honores por haberse presentado como abogado y firmar como tal cuando no lo es.
El documento presentado por Pierini hace referencia a las compras de dos edificios -en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932- que costaron 3.800.000 pesos y a las contrataciones directas de alquileres y refacciones. También, a una convocatoria ilegal a peritos que costó 129.220 dólares y a la creación de un fondo por 14.500.000 pesos para realizar obras, que provendría de retenciones efectuadas en los presupuestos 1999, 2000 y 2001.
LICENCIA PARA COMPRAR
El documento presentado por Pierini argumenta que los imputados reconocieron las compras y contrataciones directas, la convocatoria a peritos y la creación del fondo al momento de defenderse. También, en el caso de los consejeros, haberse autoeximido de pagar impuestos nacionales (el impuesto a las ganancias) y, en el caso de Suárez, haber utilizado indebidamente el título de abogado.
Según expresó la diputada en su escrito, en la mayoría de los casos los acusados justifican sus acciones alegando resoluciones propias del Consejo, es decir, dictadas por ellos mismos. "Para justificar la convocatoria a conformar un cuerpo de peritos, en violación a la ley 7 de la Ciudad que expresamente lo prohíbe (cláusula transitoria quinta), el Dr. Juan Octavio Gauna alega varias Resoluciones del Consejo de la Magistratura como si éstas pudieran tener alcance derogatorio de la ley 7. De la misma manera se intenta justificar la contratación directa -en algunos casos sin siquiera haber formado expediente- sobre la base de sus propias resoluciones haciendo caso omiso de la legalidad general a la cual deberían haberse ajustado", manifestó Pierini en el documento presentado la semana pasada.
También, por medio de la resolución 523/000, el Consejo de la Magistratura creó un fondo permanente de 14.500.000 pesos para realizar obras. "Se corresponde con retenciones que han efectuado de los presupuestos 99, 2000 y 2001 violando las leyes de administración financiera", argumentó la diputada. "La realización de una síntesis trienal, como hacen en sus presentaciones Gauna y Bonatto -afirmó Pierini- es para eludir el reconocimiento de que cada año se quedaron con una parte del presupuesto que debían devolver por no haber sido utilizado".
MUCHO APURO Y POCAS OBRAS
El 16 de noviembre de 1999 el Consejo de la Magistratura comenzó el trámite de concursos para la constitución del fuero Contravencional y de Faltas. Pasados casi tres años de su iniciación, los exámenes están en sus fases iniciales y, según estiman en los pasillos judiciales, el fuero no sería instalado hasta antes de 2003.
"Ello ya era obvio y por tanto previsible -debido a los numerosos inscriptos- en diciembre del 99. Por lo tanto se podían haber iniciado todas las licitaciones de compras de inmuebles y muebles destinadas a ese fuero en simultaneidad con los concursos, y cumplimentar los requisitos legales", puntualizó la diputada.
Pierini cuestionó que el edificio de Hipólito Yrigoyen 932 -por el que se pagó 1.550.000 dólares- y el de Tacuarí 138 -que costó 2.250.000- hayan sido adquiridos sin licitación. Consta en el expediente que un estudio técnico realizado con posterioridad a la compra del primer inmueble "arrojó la necesidad de su expansión a cuatro pisos más sobre los ha construidos, previo refuerzo de su estructura", según palabras de la consejera Bonatto. La funcionaria judicial también argumentó en su defensa que "resultaba menester incorporar otro edificio en el mismo radio para posibilitar la instalación completa de todas las dependencias del fuero".
"Lo que no logran explicar satisfactoriamente ninguno de los imputados es por qué había tanta urgencia en diciembre del 99 para comprar el edificio ocupado e insuficiente de Hipólito Yrigoyen 932, sin respetar las normas de gestión y administración financiera para el sector público (ley 70) y un año más tarde comprar el esqueleto de hormigón de Tacuarí 138 con la misma excepcionalidad para eludir la ley, si hasta el día de hoy nada han hecho con ellos", expresó Pierini.
La legisladora, que adjuntó a la causa fotografías de los edificios tomadas el 2 de agosto de este año, aseguró éstos "están vacíos, sin ninguna obra en marcha". "Si hay algo en construcción -agregó- debe ser muy clandestino porque no hay ningún cartel que indique obra, protección de aceras ni nombre de los responsables. A casi tres años de las millonarias inversiones ambos inmuebles no han sido reciclados ni están en obra a pesar de la declamada urgencia para justificar la violación de las disposiciones legales". Pierini también denunció que en la resolución 523/00 (que dispuso retener un fondo de 9.168.000 dólares del presupuesto de 2000 para erogaciones del año siguiente) se asignaron 3.072.000 dólares para refaccionar el edificio de Hipólito Yrigoyen 932 y 2.544.000 dólares para reacondicionar Tacuarí 138. El resto -3.552.000 dólares- fue destinado para realizar refacciones en otro inmueble, ubicado en Coronel Díaz 2110.
LA MISMA LETRA
En cuanto a las fotocopias de los recibos de las inmobiliarias que presuntamente intermediaron en la venta de los inmuebles de Hipólito Yrigoyen 932 y de Tacuarí 138 -y que integran el expediente que aportó el Consejo de la Magistratura, el cual fue conformado una vez iniciada la causa- Pierini denunció que en la primera figura la firma de un intermediario de nombre Ernesto Swanck, del Partido de Tigre (sin domicilio en la Capital Federal) y que está llenada con la misma letra que la del inmobiliario Carlos Roberto Chiape, que intervino en la venta de Tacuarí 138 un año después.
