Los equipos técnicos que se usan para hacer las multas por excesos de velocidad deben ser habilitados y controlados periódicamente, pero la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Alicia Pierini, informó que los que se utilizan en este distrito no cumplen con las normas vigentes.
Pierini sustenta su resolución en un informe de la Dirección de Lealtad Comercial de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Nación, en el que se revela que cuatro de los cinco equipos son "carentes de aprobación de modelo y verificación primitiva a las fechas indicadas" y que la autorización del quinto aparato venció en febrero de 2001.
La ley nacional establece que, en principio, es potestad del Gobierno Nacional el control de esta clase de equipos, aunque dispone que se puede transferir esta competencia a la órbita de los gobiernos locales, en caso de que creen los mecanismos necesarios.
"En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- declaró Pierini-, no se ha creado ningún organismo ni se ha facultado a ninguna dependencia competente para cumplir con tal finalidad, en cuanto a la homologación de los aparatos destinados al control de las velocidades de circulación de los vehículos a motor. Peor aún, conforme a la información obtenida de la Dirección de Lealtad Comercial se pudo confirmar que los equipos técnicos que se utilizan en la Ciudad no cuentan con la homologación respectiva".
No obstante, en el pliego de licitación se requiere la "certificación de calibración individual de todos los equipos de detección de velocidad emitida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este certificado deberá ser expedido anualmente y presentado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con anticipación a la fecha de vencimiento. Equipos con el certificado de calibración vencido no podrán operar y el concesionario será pasible de las sanciones indicadas en el presente pliego".
"Dable es advertir que el Gobierno de la Ciudad -afirmó la ombusdman porteña-, atento la respuesta que nos hiciera llegar la Dirección General de Seguridad Vial, no puede desentenderse de la cuestión so pretexto de argüir que ‘no tiene como misión la homologación del equipamiento técnico utilizado para la captación fotográfica de infracciones; sólo se limita a controlar los certificados de calibración de los equipos según lo estipulado en las condiciones del contrato firmado entre las empresas prestatarias del servicio y el Gobierno de la Ciudad’, no sólo por las disposiciones de la ley Nº 19.511 ya citadas, sino también por las facultades de contralor que le son propias en su condición de poder concedente de un servicio, que como tal debe garantizar condiciones transparentes y legitimas para su correcta implementación".
"De este modo -indicó Pierini-, su actual inobservancia implica una seria irregularidad que hace caer en un mayor descrédito al sistema imperante y que en última instancia podría acarrear planteos de nulidad respecto de las faltas que así se emitan".
En la resolución, la ombusdman instó al jefe de Gabinete de la Ciudad, Raúl Fernández, a que reclame los certificados de homologación y organice el sistema de control para que periódicamente realice los controles sobre los equipos técnicos.
"Huelga señalar que esta Defensoría ya ha manifestado su opinión acerca de la necesidad de garantizar que todo sistema destinado a organizar el tránsito vehicular y la aplicación de multas por infracciones, se oriente a perseguir fines de educación vial y prevención de accidentes, eludiendo cualquier modalidad que, en la práctica, revele fines exclusivamente recaudatorios", expresó la defensora del Pueblo de la Ciudad.
