El titular del Juzgado Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, emitió órdenes de allanamiento a granel contra tres de las empresas que controlan los peajes del Acceso Norte y del Acceso Oeste, que están complicadas en una causa en la que se investigan algunos negocios en los cuales estuvo implicado el expresidente Mauricio Macri. Los allanamientos fueron cinco porque a AuSol y a GCO les cayeron los investigadores a sus oficinas administrativas y en las sedes que mantienen sobre los corredores viales, en San Isidro e Ituzaingó.
La División Lavado de Activos de la Policía Federal, que se encargó de los allanamientos, respondió a la orden juez, que recibió para actuar una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, ambos del Frente de Todos.
Los policías buscaban evidencia sobre la extensión de los contratos de Autopistas del Sol hasta 2030, que firmó el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y la entrega de un subsidio de 499 millones de dólares que recibió la empresa española Abertis en concepto de “inversión efectuada no amortizada”, cuando Sideco vendió su participación accionaria en AuSol. Estas dos medidas elevaron sensiblemente el precio de las empresas que controlaba Macri y, por contrapartida, las ganancias futuras de Abertis. Esta empresa y Sideco fueron socias en el Acceso Norte hasta 2017, cuando Abertis le compró su parte en AuSol.
La suma entregada por el Estado a la empresa española incluía que ésta desistiera de su demanda contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal internacional que se encarga de los juicios de las empresas contra los estados y que suele emitir dudosos fallos, casi siempre favorables a las corporaciones. El CIADI es una división del Banco Mundial, que a su vez, es controlado por el FMI.
Las empresas allanadas fueron tres: Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal Inversiones, la empresa que compró el siete por ciento de Autopistas del Sol a Sideco y se quedó con el 18,5 por ciento de la empresa de peajes, ya que antes había comprado el 5,83 por ciento de Dycasa y el 5,72 por ciento de ACS. Natal es una empresa que no poseía experiencia en corredores viales. En aquella ocasión, Macri vendió su participación en un precio cuatro veces mayor al que valía su empresa cuando éste arribó a la Casa Rosada, empujado por el subsidio y la extensión del contrato hasta 2030.
Es necesario tener en cuenta que los corredores viales cuentan con casillas de peaje cuando financian sus obras por cuenta propia, por lo que el peaje es el método de pago que encontró el Estado para pagar obras para las que no cuenta con presupuesto. La concesión está rigurosamente reglamentada en los contratos que se firman antes de comenzar las obras. Esto vuelve ilegal toda extensión de los contratos, a no ser que hayan mediado catástrofes naturales, destrucciones muy extendidas o guerras que interrumpan el flujo de tránsito por períodos prolongados. Difícilmente Sideco, la empresa de SocMa que formaba parte de la sociedad, pueda alegar alguna de estas razones para justificar la prolongación del contrato que le concedió Dietrich.
