La denuncia realizada por el abogado penalista Paolo Zaniratto contra el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía, Nicolás Djovne y el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris tiene como ejes posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El punto principal de la denuncia, tiene que ver con el irresponsable endeudamiento de dimensiones titánicas que tomó Macri en su mandato, no sólo por las graves consecuencias económicas para el país sino también porque se llevó a cabo de manera ilegal e ilegítima.
Puede hablarse de una operación ilegal porque parte del proceso de endeudamiento fue llevado adelante violando el ordenamiento jurídico.
Al mismo tiempo, las decisiones que se tomaron fueron completamente conscientes y que trajeron nefastas consecuencias para el pueblo argentino.
La política de endeudamiento de Macri no tuvo el fin de realizar inversiones para el desarrollo del país y no sirvió para incrementar el nivel de actividad económica. Por el contrario, el endeudamiento estuvo pura y exclusivamente destinado a financiar la fuga de capitales al exterior, alcanzando los USD93.667 millones entre diciembre de 2015 y
septiembre de 2019.
El 20 de junio de 2018, el FMI anunció un acuerdo stand-by con la Argentina. Cuatro meses después, Dujovne junto al presidente del Banco Central de ese momento, Guido Sandleirs, remitieron al FMI un memorándum de Políticas Económicas y Financieras. Tal memorándum menciona que el plan de reforma económica se enfrentó a “nuevos desafíos” por fuera de lo aprobado en junio del mismo año. Esta concepción de la política tenía que ver con no hacerse cargo de las decisiones que como Gobierno electo llevaban cabo.
Además, en el mismo documento se explicita que la deuda fue tomada en parte por supuestos actos de corrupción del gobierno electo en 2011. Violación a la ley y a la Constitución.
Los acuerdos llevados a cabo entre el FMI y el gobierno anterior, se realizan sin intervención previa de expedientes administrativos ni decretos presidenciales, solo se confeccionaron las cartas de intención y los respectivos anexos. No hubo un decreto del Poder Ejecutivo que autorizara la firma a algún funcionario la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
De esta manera, la inexistencia de un acto administrativo, impidió un análisis de la legalidad de la política de endeudamiento.
El artículo 60 de la ley de Administración Financiera, establece que “las entidades de la administración nacional no podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.
El Poder Ejecutivo, no contó con autorización legal para acordar y ejecutar el segundo acuerdo con el FMI. Dicho acuerdo es violatorio de la Constitución, de la ley 24.156 y como consecuencia dio origen a los delitos que aquí se imputan. La Constitución establece que la facultad de contraer empréstitos y de arreglar el pago de la deuda interior y exterior corresponder
únicamente al Congreso Nacional y no existe norma vigente por la cual este haya delegado dicha facultad. Por otro lado, la ley que autorizó el presupuesto nacional de 2019, no autorizó a ningún funcionario a firmar este acuerdo con el FMI.
Este accionar, compromete seriamente la responsabilidad de los funcionarios públicos que han participado de la maniobra de endeudamiento más grande de la historia moderna de la República Argentina.
